Milei ignora la ley votada por el Congreso y frena mejoras en discapacidad

El presidente Javier Milei volvió a tensar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso al decidir no implementar la ley de emergencia en discapacidad, a pesar de que ambas cámaras votaron para dejar sin efecto el veto presidencial. La Casa Rosada trabaja ahora en una estrategia alternativa: suspender la aplicación de la norma a través de un decreto, eludiendo así su ejecución inmediata.

Según trascendió desde fuentes cercanas al Ejecutivo, la decisión apunta a ganar tiempo y evitar el impacto fiscal de la medida, al menos hasta la elaboración y aprobación del Presupuesto 2026. En lugar de judicializar directamente el conflicto –lo que podría exponer al Gobierno a un revés judicial inmediato–, se buscaría que sean los particulares quienes presenten demandas. Esto fragmentaría el proceso legal y podría extenderlo durante meses.

La estrategia es liderada por la mesa judicial de Balcarce 50, que integran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y equipos técnicos bajo la coordinación de la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla. El oficialismo busca respaldo legal en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige identificar fuentes de financiamiento para toda ley que implique un gasto no previsto.

“La ley de Presupuesto es la herramienta madre del ordenamiento fiscal”, insisten desde el entorno presidencial, que descarta por ahora aplicar los aumentos que beneficiarían a personas con discapacidad. La posibilidad de un aumento había sido sugerida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante el tratamiento legislativo, pero fue desestimada tras la votación final en Diputados.

El Gobierno también barajó recurrir a la Corte Suprema, argumentando que la autoconvocatoria del Senado fue irregular, pero finalmente desechó esa vía para no judicializar la disputa en términos institucionales. Ahora, se perfila la alternativa del decreto presidencial, posiblemente en forma de DNU, una herramienta que, según advierten especialistas, sería altamente litigable.

“El único camino que tiene Milei para suspender esta ley es un DNU, que va a ser judicializado inmediatamente. Ganan tiempo, pero enfrentan un riesgo político y legal”, explicó el abogado constitucionalista Marcelo Bermolén.

Mientras tanto, desde el oficialismo no dan señales de revertir la postura. “Hasta que no se defina el frente judicial, no va a haber ningún aumento”, afirmaron fuentes gubernamentales.

Con este movimiento, el Gobierno vuelve a tensar el delicado equilibrio entre los poderes del Estado y coloca en incertidumbre a miles de personas con discapacidad que esperaban la mejora en sus prestaciones.

Rivero. C