Rechazo al veto de Javier Milei
El Presidente viene de sufrir el rechazo a su veto a la emergencia en discapacidad a nivel nacional y la sostenibilidad de nuevos vetos está en duda en el Congreso no sólo tras la derrota política en la provincia de Buenos Aires y el alejamiento de gobernadores aliados que conformar el bloque de Provincias Unidas sino porque el oficialismo atraviesa un momento de extrema debilidad legislativa en medio de la campaña electoral. Con el programa económico en duda pese a haber ratificado a su gabinete, el Poder Ejecutivo Nacional aspira a sostener su “muralla fiscal” frente a las iniciativas legislativas que se aprueban en el Poder Legislativo como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
Dudas por el Hospital Garrahan
También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031. En 2024, el Congreso aprobó una norma similar que fue vetada por el presidente Milei. Esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios, y este año la situación se agravó porque la recomposición salarial no logró compensar la inflación, lo que llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo. En el caso de la ley de Emergencia Pediátrica, que incluye el reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última presentación en la Cámara de Diputados evitó confirmar si el Gobierno vetará la ley.
Otro incómodo veto que deberá definir Javier Milei en las próximos horas apunta a la ley de distribución de los ATN impulsado por los 24 gobernadores. En medio de la convocatoria lanzada a los mandatarios provinciales para que se reúnan con Francos tras la paliza electoral propinada a La Libertad Avanza, la Casa Rosada se enfrenta a un escenario delicado teniendo en cuenta que aun esta pendiente de aprobación también la ley que dispone la eliminación de los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para que esos fondos sean repartidos también a las provincias.
Mensaje de los gobernadores
La ley ya aprobada de los ATN elimina la discrecionalidad política en la distribución de esa partidas al plantear un mecanismo automático de reparto acorde a la ley de coparticipación. Dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. De acuerdo a la estimación de los gobernadores, el costo fiscal equivaldría solo al 0,03% del PBI ($253.000 millones). Y advierten: “Si nos convocan a una mesa de diálogos y arrancan vetando esta ley, va a ser una declaración de guerra. Además son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.
El lunes, los gobernadores de Provincias Unidas que se plantean como una alternativa a la polarización entre Fuerza Patria (FP) y el mileísmo mantuvieron un encuentro por zoom. Participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La marca tendrá su bautismo de fuego en las legislativas de octubre, cuando sus integrantes estrenan la boleta en las urnas.
Fuente: Àmbito
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