Gustavo Fernández “El desarrollo debe beneficiar primero a las comunidades y luego a la provincia”

El Gobierno provincial busca que las pymes locales crezcan junto a los grandes proyectos de cobre, a través de definiciones legales, planes de desarrollo estandarizados y mayor transparencia en las contrataciones mineras.

Argentina inicia una nueva etapa minera con fuerte presencia de inversiones internacionales y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promete un impacto similar al histórico de la Ley de Inversiones Mineras. En este contexto, San Juan apunta a que sus proveedores locales acompañen el crecimiento de los proyectos y fortalezcan la economía regional.

Definición de proveedor local

Uno de los ejes centrales es establecer una definición única y legal de “proveedor local”, que permita medir con precisión el impacto de la minería en comunidades, departamentos y la provincia. Según Gustavo Fernández, ministro de Producción:

“Debe existir una definición única y obligatoria a través de una herramienta legal, que todos usen y apliquen, para permitir mediciones confiables y evitar criterios individuales”.

El funcionario agregó:

“Se podrá distinguir entre los proveedores de comunidades de influencia y del resto de la provincia. Además, las empresas para ser consideradas locales deben acreditar un establecimiento habilitado que se corresponda con el tipo de operación declarada”.

También se debate si los accionistas deben ser sanjuaninos o si basta con que la mayor parte de la mano de obra e inversiones se radique en San Juan.

Plan de desarrollo y previsibilidad

El plan de proveedores estandarizado es considerado “el corazón” del desarrollo. Fernández explicó:

“Cada empresa debe tener una propuesta de qué objetivos tiene respecto a cómo hacer crecer a sus contratistas y de qué manera los logrará. Esto debe incluir previsibilidad: que las empresas mineras informen a futuro sobre sus curvas de inversión y los paquetes de bienes y servicios que demandarán”.

La información anticipada permitirá que las pymes locales se preparen con tiempo y, en muchos casos, formen asociaciones para ser competitivas. Además, las cámaras de proveedores solicitaron que las mineras expliquen por qué una empresa pierde una licitación, para mejorar la participación en futuros procesos.

Consejo asesor y registro digital

Fernández planteó:

“Estamos evaluando la creación de un consejo asesor tripartito que incluya a operadoras mineras, proveedores y Estado, para acompañar, validar y monitorear los planes de desarrollo de los proveedores”.

El ministro agregó que también se busca implementar un registro público y digital de proveedores locales:

“Esto permitirá una mayor trazabilidad del sector, dará transparencia y facilitará la identificación de empresas capacitadas para participar de futuros contratos”.

Obligaciones y compromiso de reinversión

Sobre la responsabilidad de los proveedores, Fernández señaló:

“Deben tener las mismas obligaciones que las mineras en cuanto al desarrollo de sus propios proveedores locales y la prioridad de empleo local, asegurando una rastreabilidad del desarrollo a lo largo de toda la cadena de valor”.

A largo plazo, la provincia busca que la inversión minera impulse otros sectores estratégicos y que las ganancias se reinviertan en San Juan, ya sea en la diversificación productiva, la agroindustria o el turismo:

“Es fundamental que esta oportunidad de desarrollo sea virtuosa y beneficie a la provincia a largo plazo, aunque no sea algo que se controle por ley, sino un compromiso con la sociedad”.