Nuevo revés judicial para la Argentina en la causa YPF: Preska rechazó un planteo y ordenó entregar información sobre bienes

La jueza de Nueva York denegó un pedido del Gobierno para limitar la investigación sobre los activos del Estado. Consideró que la presentación argentina buscaba reabrir un debate ya resuelto.


La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este martes un nuevo planteo de la Argentina en el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, un caso que ya acumula más de una década de disputas judiciales en los Estados Unidos.

El Gobierno había solicitado restringir el alcance del discovery —el proceso de recolección de información— sobre los bienes del Estado, argumentando que la magistrada había pasado por alto jurisprudencia relevante. En particular, la defensa argentina se apoyó en el antecedente de la Corte Suprema estadounidense en el caso NML Capital, que establece que solo pueden investigarse activos que sean efectivamente ejecutables.

Sin embargo, Preska rechazó la moción y explicó que en esa jurisdicción solo se aceptan pedidos de reconsideración si la parte interesada demuestra que hubo cambios en la ley aplicable, nuevas pruebas disponibles o la necesidad de corregir un error evidente para evitar una injusticia manifiesta.

“En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan a menos que la parte solicitante pueda señalar decisiones determinantes o datos que el tribunal pasó por alto”, sostuvo la magistrada en su fallo.

Además, advirtió que “no se debe conceder una moción de reconsideración cuando la parte solicitante únicamente busca volver a litigar una cuestión ya decidida”. En ese sentido, subrayó que la Corte ya había tenido en cuenta el precedente del caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., por lo que la presentación del Gobierno no era más que un intento de “dar una segunda oportunidad”.

De este modo, la Justicia de Nueva York volvió a desestimar la estrategia argentina y avanzará en la investigación sobre los activos del Estado, un paso clave en la ejecución de la sentencia millonaria en contra del país.

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