Investigan millonaria estafa con terrenos fiscales en Rawson: 42 compradores perjudicados
Un grupo de personas será imputado por la presunta venta ilegal de parcelas del Estado en Médano de Oro, destinadas únicamente a uso agrícola, donde se levantaron casas de verano y loteos privados.
El Ministerio de la Producción de San Juan, encabezado por Gustavo Fernández, presentó una denuncia penal tras detectar la venta irregular de terrenos fiscales en el departamento Rawson. La maniobra habría derivado en un loteo clandestino con más de 40 compradores perjudicados.
El caso gira en torno al Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Médano de Oro. Se trata de un inmueble cuyo uso autorizado es exclusivamente agrícola, pero donde se levantaron viviendas, quinchos y piletas. Según la presentación judicial, personas sin vínculo con la administración pública fraccionaron el terreno y lo comercializaron de forma privada, infringiendo de manera directa las normativas que regulan el patrimonio estatal.
La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas inició una investigación por estafa, ya que 42 personas habrían comprado parcelas en el loteo denominado “Vista al Cerro”, que suma 165 lotes en total, ubicado en la misma zona.
Entre los denunciados figuran José Alberto Díaz, Víctor Javier Dávila, Estela Juana Capelli, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz, señalados como responsables de distintas operaciones. Según testimonios, Capelli habría vendido el terreno a Díaz, quien luego fraccionó y revendió parcelas a distintos compradores. Documentación aportada en la causa también involucra a Víctor Javier Dávila Jofré y Claudio Javier Sosa en otras transacciones.
Uno de los puntos clave de la investigación es la falsa legitimidad de la propiedad. Capelli se habría presentado como heredera de José Hugo Capelli, a quien atribuía la adjudicación original del lote. Sin embargo, registros oficiales descartan esa versión: el hombre nunca fue adjudicatario y falleció en 1994. El terreno estuvo desocupado hasta 1997, cuando fue adjudicado legalmente a un tercero de apellido Cerda, que mantuvo esa condición hasta 2014.
De esta manera, los actuales ocupantes del loteo habrían adquirido parcelas a personas sin ningún derecho legal para venderlas, en un caso que la Justicia ya califica como una posible estafa millonaria con tierras del Estado.
Op: Juan Llarena
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