Bullrich, denunciada por abuso de autoridad tras pedir allanamientos a periodistas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente en los tribunales de Comodoro Py por el delito de abuso de autoridad. La presentación la realizó este martes el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a la funcionaria de haber solicitado allanamientos a periodistas y medios de comunicación “con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.

La denuncia surge a raíz de la presentación que Bullrich hizo el lunes, en nombre del Gobierno, por supuesto espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese marco, el Ministerio de Seguridad pidió medidas que, según Dalbón, resultan “manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Entre los puntos más polémicos se encuentra el pedido de allanamiento a los estudios de Carnaval Stream y a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros. Además, la ministra solicitó una cautelar inédita: la “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal”.

Para Dalbón, esa solicitud “constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. El abogado exigió que Bullrich sea citada a declaración indagatoria y advirtió que la denuncia de la ministra no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que busca “restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”.

“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, sostiene el escrito judicial.

Finalmente, Dalbón encuadró la actuación de la ministra en el delito de abuso de autoridad, al considerar que “el pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

Rivero. C