El próximo miércoles 13 de agosto vence el plazo establecido por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que todos los condenados en la causa Vialidad realicen el depósito de $648.000 millones como reparación por los delitos de corrupción cometidos durante la gestión pública.
Según fuentes judiciales consultadas por TN, la cuenta judicial abierta en el Banco Nación para recaudar el dinero permanece sin movimientos, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento del mandato. De mantenerse esta situación al cierre del plazo, el tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, deberá avanzar con la ejecución de los bienes embargados al inicio de la causa para cubrir el monto estipulado.
Los magistrados recordaron que la medida “es consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público, considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”, y advirtieron que la ejecución sobre bienes servirá para resarcir ese daño, bajo apercibimiento expreso.
El pago por reparación es solidario entre los condenados, por lo que el monto no se divide automáticamente en partes iguales. Los involucrados deberán acordar entre ellos el valor que cada uno deberá devolver.
En este contexto, avanzar sobre los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner presenta dificultades. En 2016, ella cedió todo su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y actualmente declara como único ingreso su jubilación. Además, sus bienes ya se encuentran embargados en otras causas vinculadas, como Hotesur-Los Sauces, donde el Tribunal Oral Federal 5 rechazó pedidos de la defensa para levantar esos embargos.
El embargo total en esas causas incluye 6 millones de dólares en efectivo, 50 propiedades –entre departamentos en Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate–, así como terrenos y vehículos.
El TOF 2 podrá solicitar el juicio de ejecución contra los bienes identificados por los fiscales, que incluyen cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), una cuenta comitente y una caja de seguridad en el Banco Galicia.
Además, en el dictamen de los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola figuran cuatro cuentas en la Caja de Valores: una cuenta comitente en codominio con sus hijos Máximo y Florencia, otra en codominio con Néstor Carlos Kirchner y Rudy Ulloa, y dos cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.
Una vía más compleja sería que la Justicia cuestione la herencia anticipada que Cristina Kirchner realizó a sus hijos, intentando probar que esta maniobra fue realizada para evadir eventuales decomisos futuros derivados de condenas.
En paralelo, la expresidenta inició una causa en el fuero de la Seguridad Social para pedir la restitución de su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, tras la decisión del Gobierno de cancelar esas asignaciones por la condena en Vialidad.
La defensa de Cristina Kirchner calificó esa medida como “una vulneración de un derecho alimentario, que vulnera su derecho humano a la seguridad social, a la subsistencia y, por tanto, al derecho a la vida”. Además, subrayó que la expresidenta no cuenta con otros medios de subsistencia.
De avanzar la Justicia sobre su jubilación, que es de carácter alimentario, el embargo sería limitado y simbólico, ya que el ingreso apenas alcanzaría a cubrir una pequeña parte del monto total que se busca recuperar por reparación.
Rivero. C
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