Escándalo en Seguridad: hallan computadoras desaparecidas tras una insólita presentación en la Defensoría del Pueblo

Tras más de un año y medio de investigación y un enredo judicial entre fueros, finalmente fueron hallados los equipos informáticos —computadoras, impresoras y tablets— por un valor estimado de 90 millones de pesos que habían sido denunciados como desaparecidos de la órbita de la Policía de San Juan. La clave fue una sorpresiva presentación realizada por el propio proveedor en la Defensoría del Pueblo, en la que afirmó que los equipos estaban “a disposición” en un local comercial.

Según confirmó Enrique Delgado, secretario de Seguridad y Orden Público, la persona que se presentó aseguró haberse enterado por los medios de que el equipamiento estaba siendo buscado. Así, brindó la dirección del comercio donde estaban almacenados los aparatos. El dato fue inmediatamente notificado a la Policía, que dio intervención a la UFI Delitos Especiales, la cual ordenó un allanamiento en el local ubicado en Capital.

El operativo permitió encontrar 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, aunque aún se desconoce si efectivamente son las mismas que fueron compradas en 2023 a través del plan FOR.TE.SE.C., un programa nacional destinado al fortalecimiento tecnológico de las fuerzas provinciales. En ese entonces, la gestión de Carlos Munisaga en la Secretaría de Seguridad había firmado un convenio con el entonces ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, para recibir los fondos que luego fueron transferidos en tres cuotas a una cuenta bancaria exclusiva.

La causa se tornó escandalosa al detectarse que, si bien existían facturas, remitos y órdenes de pago que daban por entregado el equipamiento, no había rastros físicos de los dispositivos en ninguna dependencia policial ni en el Cisem 911. El exjefe de Policía, Luis Martínez, fue quien denunció la desaparición y desató una investigación que pasó de la Justicia provincial a la federal, sin que ninguno de los fueros se declarara competente. Finalmente, la causa terminó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que aún debe definir qué jurisdicción debe continuar con el expediente.

El inesperado giro llegó hace poco más de dos semanas, cuando el proveedor de los equipos se presentó en la Defensoría del Pueblo, organismo conducido por Florencia Peñaloza. Desde allí, se activó el procedimiento que llevó al hallazgo de las cajas con equipamiento, aunque aún no han sido abiertas para confirmar si coinciden con los bienes adquiridos con fondos públicos.

Ahora, la UFI Delitos Especiales debe realizar un entrecruzamiento de datos entre los aparatos encontrados y los que figuran como comprados. Mientras tanto, la Policía actuará como depositaria judicial de los equipos.

El caso sigue generando interrogantes, especialmente por la inusual forma en la que fueron localizados los equipos y por el hecho de que estuvieron guardados durante más de un año sin que nadie los reclamara formalmente. ¿Negligencia, encubrimiento o simple descoordinación? La Justicia deberá responderlo.

Op. Juan Llarena