La megacausa por expropiaciones suma nuevos apuntados: investigarán a un juez y un abogado

A un mes de conocerse las condenas en la megacausa por expropiaciones irregulares, la Justicia sanjuanina hizo públicos los fundamentos del fallo, un documento de más de 4.800 páginas que no solo respalda las penas impuestas, sino que también abre nuevas líneas de investigación contra actores clave, entre ellos un actual camarista y un abogado.

El escrito judicial, firmado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, ordena investigar el rol del juez de Cámara Roberto Pagés Loveras, por su presunta participación en maniobras irregulares cuando estaba al frente del Cuarto Juzgado Civil. La sospecha radica en su actuación en expedientes sensibles que, según el tribunal, ameritan determinar si su intervención fue meramente judicial o si existió connivencia con los implicados.

También fue señalado el abogado Raúl Alonso, quien actuó como apoderado del ya condenado Horacio Alday. En el fallo se sugiere que Alonso pudo haber sido el nexo entre su cliente y el cabecilla de la red, Santiago Graffigna, condenado por asociación ilícita y fraude al Estado. Uno de los casos más emblemáticos es el de un terreno ubicado en Matías Zavalla y San José, conocido mediáticamente como “la vereda más cara de la historia provincial”, por los valores exorbitantes abonados por el Estado.

Más implicados y un fallo que no cierra

Además de Pagés y Alonso, la resolución menciona al contador Marcelo Parra, también vinculado a Alday, y ordena revisar la situación procesal de Carlos Infante y Gustavo Mulet, señalados como colaboradores dentro de la estructura delictiva.

Este nuevo giro convierte a Pagés Loveras en el tercer juez mencionado en la causa, luego de Carlos Macchi —destituido y condenado a más de seis años de prisión— y Rosalba Marún de Sobelvio, procesada pero no juzgada debido a su fallecimiento en 2021.

Una trama que sigue creciendo

La megacausa por expropiaciones fraudulentas comenzó formalmente en 2018, aunque sus antecedentes se remontan más de una década. La red investigada inflaba los valores de terrenos expropiados para obtener millonarios pagos del Estado, en una maniobra que involucró a funcionarios, profesionales y particulares.

Con la publicación de los fundamentos, la causa se bifurcará en dos caminos: por un lado, las apelaciones a las condenas ya dictadas; y por otro, el inicio de nuevas indagatorias que podrían derivar en más imputaciones. El fallo dejó en claro la preocupación del tribunal por los actores que habrían facilitado o encubierto los delitos desde cargos públicos o profesionales.

De esta manera, la causa judicial más extensa y compleja de la historia reciente de San Juan aún no ha escrito su capítulo final.

POR LIC. EUGENIA VILA