Amenaza de bomba en la EPET N.º 1: un chico de 14 años dijo que fue por un “challenge” en redes

Dos amenazas de bomba pusieron en vilo a la Escuela Técnica EPET N.º 1 Ingeniero Rogelio Boero, en la ciudad de San Juan, durante una jornada marcada por la tensión, la incertidumbre y un gran despliegue de seguridad. La fiscalía ya identificó a los responsables: tres adolescentes, uno de ellos de solo 14 años, que admitió haber actuado por un reto viral en redes sociales.

El primer llamado se registró poco después del mediodía. La Policía, los Bomberos y personal judicial evacuaron el edificio y revisaron cada rincón del establecimiento. La fiscal Daniela Pringles, a cargo de la causa, confirmó que lograron rastrear el número de teléfono y su ubicación, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación.

Cuando las actividades se reanudaban, un segundo llamado volvió a activar el protocolo. La policía localizó al autor —un menor de 14 años— cerca de las 16 hs en una parada de colectivo. Según relató a la Justicia, realizó el llamado “por un challenge que prometía dinero a quienes hicieran algo osado”. El chico rompió en llanto y quedó a disposición del Juzgado de Menores.

Por otra parte, un joven de 18 años se presentó voluntariamente ante la Policía, admitiendo que la llamada salió desde su teléfono, pero aseguró no haber sido él quien la hizo. Dijo que sus compañeros usaron su celular como una broma. Fue demorado y luego liberado, aunque sigue siendo investigado.

Horas más tarde, otro estudiante, de 19 años e identificado como Barassi, también se presentó y quedó detenido como presunto autor de la primera amenaza. La Justicia solicitó audiencia para imputarlo por el delito de intimidación al orden público, que prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Millonario costo por una “broma”

Las consecuencias del accionar de estos jóvenes podrían ser más que legales. Cada operativo por amenaza de bomba representa un gasto millonario para el Estado. “Estamos hablando de unos 4 millones de pesos por operativo, como ya ocurrió en un caso reciente con una profesional del Hospital Rawson”, detalló la fiscal.

“La gente debe entender que esto no es una broma. Son delitos que tienen consecuencias penales y económicas. Ya no son niños, tienen edad para responder ante la ley”, advirtió Pringles.

Op: Juan Llarena