Piden entregar una moto a la víctima de un millonario robo, pero hay controversia legal

Un nuevo conflicto judicial se desató en torno a una moto comprada con dinero robado, luego de que el fiscal y la parte querellante pidieran que sea entregada a la víctima como forma de resarcimiento, pero el juez que condenó al ladrón aseguró que no puede intervenir en esa decisión.

El caso tiene como protagonista a Raúl Nicolás Carpio Sánchez, quien fue condenado a 1 año y 7 meses de prisión efectiva por robar un bolso con casi 5 millones de pesos y 2.300 dólares de un vehículo estacionado en pleno centro sanjuanino, el pasado 28 de febrero. La víctima había dejado el bolso con el dinero —fruto de operaciones inmobiliarias— dentro de su utilitario por apenas 20 minutos. En ese lapso, Carpio lo sustrajo.

Con ese dinero, el ladrón compró una moto Corven 250cc valuada en 4,5 millones, operación que quedó registrada ese mismo día. La Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, a cargo de Miguel Gay, su ayudante José Luis Salinas Molina, y el abogado querellante Fernando Molina, plantearon que el rodado debería ser restituido a la víctima o quedar bajo su cuidado como depositario judicial, por estar directamente vinculado al producto del robo.

Sin embargo, el juez que dictó la sentencia dijo que no puede tomar una decisión sobre el destino del vehículo, porque en el juicio abreviado solo se trató la culpabilidad de Carpio, y no se pidió oportunamente una resolución sobre la moto. Además, sostuvo que dejó de ser el juez competente una vez firme la condena.

Como si fuera poco, otro obstáculo complica el reclamo: el boleto de compraventa de la moto fue firmado por Jonathan Leandro Ochoa, amigo de Carpio, quien figuró como comprador formal pese a que no utilizaría el vehículo. Según el vendedor, fue Carpio quien realizó toda la negociación y luego delegó la firma a su amigo, presumiblemente para evitar que el rodado quedara a su nombre.

Ahora, el caso pasó a manos de la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, quien deberá definir si acepta el planteo o lo deriva al fuero civil. Otra opción sería localizar a Ochoa, quien aún no fue hallado, para que declare en calidad de presunto encubridor y esclarezca el motivo por el cual prestó su nombre para la compra.

El Código Penal habilita la posibilidad de que los bienes adquiridos con dinero robado sean devueltos a la víctima como forma de indemnización, pero este tipo de controversias revela los vacíos legales que aún dificultan su aplicación concreta.

Op. Juan Llarena