San Juan se prepara para un cambio estructural en su sistema energético. Una reciente modificación en la regulación nacional permite que empresas privadas y generadores de energía construyan sus propias líneas eléctricas de transporte, con fondos y riesgo propios. La medida promete descomprimir el gasto estatal en infraestructura y dinamizar el desarrollo de sectores clave, como la minería.
El nuevo escenario se habilita a partir del Decreto 450/25, que actualiza el marco regulatorio de la actividad eléctrica bajo la Ley 24.065, introduciendo un esquema más abierto a la inversión privada. Así lo confirmó Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), quien destacó:
“Este nuevo marco modifica sustancialmente la organización del mercado eléctrico mayorista. Permite que el privado pueda construir y operar sus propias líneas de transporte, lo que representa un cambio muy profundo”.
Aunque la provincia no tiene facultades para regular directamente esta actividad —ya que depende de normativas nacionales—, podrá acompañar y fomentar estas iniciativas, especialmente en zonas con potencial energético y productivo.
Alta expectativa en el sector minero
El interés del sector privado no tardó en manifestarse. Según confirmó José María Ginestar, director de Recursos Energéticos de San Juan, grandes empresas mineras ya han expresado su intención de construir líneas eléctricas propias para transportar la energía que generan o consumen.
“Es una solución directa para mejorar el abastecimiento en zonas de alto consumo, como los proyectos mineros, que necesitan infraestructura robusta y confiable”, señaló Ginestar.
Además de permitir la autogestión de su suministro energético, estas empresas podrán vender la energía generada a otros usuarios, siempre cumpliendo con las normativas técnicas y de seguridad del sistema nacional.
Financiación privada, impacto público
La lógica detrás de esta política es clara: trasladar al sector privado una parte significativa del esfuerzo inversor, en un contexto donde el Estado enfrenta limitaciones presupuestarias. La nueva legislación introduce una visión más liberal del servicio eléctrico, dejando de considerarlo exclusivamente como un servicio público para abrirlo a nuevas formas de participación.
“El que genera energía ahora también puede construir la línea y venderla, asumiendo los riesgos. Esto puede acelerar el desarrollo en regiones con baja conectividad eléctrica”, explicó Ginestar.
Un cambio de paradigma
La provincia de San Juan se verá directamente beneficiada por esta transformación, ya que su geografía y su perfil productivo —particularmente en energía solar y minería— demandan una expansión continua de la red de transporte.
Si bien aún se trata de una norma de alcance federal, la implementación local será clave para atraer inversiones y coordinar el crecimiento del sistema energético con los objetivos de desarrollo económico. En ese sentido, desde el Gobierno provincial observan con interés el avance de este modelo y trabajan en identificar proyectos que puedan ser viables bajo este nuevo esquema.
El cambio recién comienza, pero la expectativa ya es alta: mejorar la eficiencia, ampliar la red y sostener el crecimiento productivo de San Juan con un sistema energético moderno y con mayor participación privada.
Los comentarios están cerrados.