El número de personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de San Juan sigue en aumento. A la fecha, 484 personas figuran como incumplidoras de sus obligaciones alimentarias, y solo 4 de ellas son mujeres, según datos oficiales del Poder Judicial.
El crecimiento ha sido sostenido: en diciembre de 2024 se registraban 455 personas, en mayo de 2025 eran 476, y hoy la cifra alcanza los 484. Para Marcelo Pintos, director de Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial, este incremento no solo responde a la situación económica, sino también a las mejoras en la administración judicial.
“El expediente electrónico y el trabajo de las oficinas judiciales permitieron agilizar el proceso y detectar más incumplimientos, lo que hizo que el registro se alimente con mayor precisión”, explicó.
Cómo funciona el registro
El Registro de Deudores Alimentarios fue creado en 2001 y, desde 2017, es administrado por la Dirección que lidera Pintos. La inscripción en el registro se ordena judicialmente cuando una persona no paga tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de cuota alimentaria.
Una vez que el deudor regulariza su situación, el juez puede ordenar su baja del registro, mediante un oficio. Se trata de casos en los que ya existe un proceso judicial en marcha y una obligación alimentaria establecida.
Acceso digital y nuevas herramientas
Uno de los avances recientes es la digitalización total del certificado del registro. Ahora, cualquier persona puede consultar y descargar el certificado desde la plataforma Ciudadano Digital (CIDI), sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas públicas.
Esta herramienta permite mayor transparencia, facilita los trámites administrativos y ofrece a instituciones y empresas una vía ágil para verificar antecedentes de quienes deban cumplir con obligaciones alimentarias.
Las consecuencias de estar en el registro
Incluirse en este registro implica restricciones concretas para el deudor, más allá de su situación judicial:
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Prohibición de ingreso a casinos, mediante controles con reconocimiento facial.
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Negativa a emitir o renovar la licencia de conducir, por parte de EMICAR.
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Restricciones adicionales ordenadas por el juez, como la prohibición de salir del país o asistir a eventos deportivos.
Justicia más ágil
Además del trabajo sobre este registro, Pintos destacó los avances tecnológicos y organizativos del Poder Judicial, como la implementación del sistema de Flagrancia, que redujo drásticamente los tiempos de resolución de causas.
“Juicios que antes demoraban años ahora se resuelven en cuestión de días”, afirmó. “La digitalización de todos los fueros permite una justicia más rápida, transparente y eficiente”.
En ese marco, el crecimiento del registro de deudores también representa una mejora institucional: la posibilidad de identificar, sancionar y controlar a quienes incumplen con obligaciones básicas, en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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