Quedó libre por prescripción en una causa de estafas del IPV, pero la Justicia ratificó su despido del Estado

Jorge Iván Pereyra, quien se desempeñaba como empleado de planta permanente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quedó desvinculado del Estado tras una investigación administrativa que detectó maniobras irregulares con viviendas. Aunque la causa penal en su contra prescribió sin condena, la Justicia Contencioso Administrativa rechazó su pedido de reincorporación.

La jueza Adriana Tettamanti consideró que el sobreseimiento por prescripción no equivale a una declaración de inocencia y que la sanción impuesta por el IPV fue razonable, proporcional y ajustada a derecho. “La fundada sospecha que recae sobre un funcionario público de haber cometido delitos dolosos contra la administración pública y la fe pública es causa suficiente para su cesantía”, sostuvo en el fallo.

La causa se originó en octubre de 2018, cuando una mujer denunció que le había pagado a Pereyra por una “autorización” para habitar una casa del barrio Conjunto 7, en Pocito, la cual resultó ser falsa. El testimonio derivó en un sumario administrativo y una denuncia penal, donde surgió que habría al menos 30 casos similares, con documentos apócrifos entregados a cambio de dinero.

Durante un allanamiento, la Policía encontró en poder del exempleado documentación de terceros, formularios del IPV, tarjetas identificatorias y notas de mesa de entrada, lo que reforzó las sospechas. Pereyra ya tenía antecedentes disciplinarios por ausencias injustificadas y mal desempeño laboral.

En sede penal, la causa se tramitó sin avances y finalmente prescribió por el paso del tiempo, por lo que el exempleado fue sobreseído. Sus abogados intentaron usar ese fallo para lograr su reinstalación, pero la Justicia descartó el planteo.

“La cesantía fue una sanción administrativa fundada en hechos comprobados internamente. La Justicia Penal no se pronunció sobre su inocencia ni desestimó la denuncia”, remarcó la jueza.

La defensa de Pereyra aún tiene la posibilidad de apelar la resolución, aunque por el momento el fallo lo deja definitivamente fuera de la administración pública sanjuanina.