Expropiaciones: la provincia apunta a recuperar U$S 15 millones y frenar el pago de más de U$S 270 millones tras la condena por estafa

Con la condena a Santiago Graffigna y otros exfuncionarios, el megajuicio por estafas en juicios de expropiación se encamina a una nueva etapa: la recuperación del dinero que el Estado provincial ya pagó y la anulación de causas pendientes que podrían implicar un desembolso millonario. Así lo confirmó el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien aseguró que una vez que la sentencia quede firme, San Juan buscará recuperar unos 15 millones de dólares abonados en expedientes irregulares y frenar el pago de al menos 270 millones de dólares más.

“Estimamos que el impacto total supera los 300 millones de dólares, una cifra que comprometería gravemente las arcas provinciales”, explicó Dávila. El funcionario recordó que ese monto no incluye los más de 13.000 millones de pesos que el tribunal ordenó decomisar a los condenados como parte de los beneficios obtenidos mediante el fraude.

El fallo judicial del pasado viernes encontró culpables a Graffigna —considerado el jefe de una asociación ilícita— junto a abogados, un exjuez civil, el exfiscal de Estado y otros involucrados. Todos ellos fueron condenados a penas de entre 3 y 7 años y 8 meses de prisión. Además, el tribunal dispuso que, cuando la condena quede firme, se decomise el dinero proveniente del delito, en su mayoría cobros de honorarios.

Pero para la provincia, el desafío es aún mayor. Según Dávila, hay al menos 18 juicios —todos iniciados por Graffigna— que fueron frenados por una cautelar a la espera del resultado penal. Si prosperaban, el Estado debía afrontar pagos por más de 270 millones de dólares. “Ahora, con la sentencia, tenemos base para avanzar en su nulidad total”, subrayó el fiscal.

Entre las causas mencionadas hay demandas relacionadas con el Dique Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el Canal Benavídez, entre otros terrenos estratégicos. Las maniobras, según la acusación, incluían posiciones veinteañales simuladas, expropiaciones inversas y reconstruidas, todas con el objetivo de generar indemnizaciones fraudulentas.

La causa judicial continúa abierta, ya que los condenados podrán apelar ante la Corte de Justicia. Sin embargo, debido a las múltiples inhibiciones de ministros y camaristas, se espera que el proceso de revisión se extienda al menos un año más. Recién cuando haya una sentencia firme, el Estado podrá ejecutar los recuperos y avanzar con la anulación definitiva de los juicios pendientes.

El fiscal Dávila remarcó que este escándalo no solo golpeó las finanzas provinciales, sino también la institucionalidad. “Fueron procesos diseñados para defraudar al Estado. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. La recuperación de los fondos es una obligación moral y jurídica”, concluyó.

Op: Juan Llarena