Una presunta red de estafas con viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) salió a la luz esta semana y encendió las alarmas en la Justicia. Según confirmó el fiscal Nicolás Schiattino, la denuncia presentada por el abogado del organismo, Diego Agustín Mercado, apunta a personas que estarían vinculadas al Ministerio de Familia y de Acción Social, quienes ofrecían lugares en sorteos oficiales a cambio de pagos que llegaban hasta los 400.000 pesos.
El caso surgió tras una serie de mensajes recibidos en el teléfono celular de la directora del IPV, Elina Peralta, donde damnificados compartían facturas con logos del Gobierno provincial y la leyenda “Instituto Provincial de la Vivienda”. Los comprobantes simulaban gestiones legales y dirigidas hacia barrios específicos, bajo la falsa promesa de asegurar la obtención de una vivienda por fuera del sorteo regular.
En declaraciones radiales, Peralta fue contundente: “El sorteo es inmodificable y no se puede dirigir”, y remarcó que el personal del IPV no está involucrado en este tipo de maniobras. También indicó que una de las personas señaladas por las víctimas se identificaba como “Agustina” y presentaba versiones alteradas de su apellido en los documentos entregados.
Por ahora, la causa se encuentra en una etapa previa a la imputación. La Fiscalía de Delitos Especiales busca realizar una copia espejo del celular de Peralta para verificar la autenticidad de los mensajes recibidos y confirmar si las personas implicadas tienen vínculos reales con el Estado. Schiattino advirtió que los estafados podrían no declarar por temor a quedar implicados en un delito de cohecho.
Además del análisis del teléfono, se investigarán cámaras, cuentas bancarias y otras comunicaciones para seguir el rastro del dinero. Hasta el momento, el único documento concreto en poder del fiscal es un recibo con firma ilegible por un monto de 400.000 pesos.
Desde el IPV reiteraron que no existen mecanismos paralelos ni pagos habilitados para manipular los sorteos, y advirtieron a la población sobre posibles estafas. El sorteo de viviendas, aseguraron, se realiza de forma pública, controlada y con estrictos mecanismos de seguridad que garantizan su transparencia.
Op: Juan Llarena
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