La nacionalización de YPF en 2012 fue uno de los hitos económicos del kirchnerismo, impulsado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Axel Kicillof. En aquel momento, seis diputados sanjuaninos acompañaron con su voto la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, que estaban en manos de la española Repsol. Hoy, esa medida vuelve a estar en el centro del debate tras un fallo judicial en Estados Unidos que le impone al Estado argentino una sentencia millonaria y lo obliga a transferir el paquete accionario.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes 30 de junio que Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF a las firmas Petersen Energía y Eton Park, exaccionistas que no fueron compensadas en su momento. El monto en juego asciende a 16.100 millones de dólares y representa uno de los juicios más costosos en la historia del país. Según la resolución, la Argentina tiene 14 días para cumplir con la orden judicial y depositar las acciones en una cuenta custodia en el Banco de Nueva York Mellon.
Ante esta situación, el presidente Javier Milei anunció que apelará el fallo por todas las vías legales posibles, aunque las repercusiones políticas y económicas ya se sienten con fuerza.
Quiénes votaron desde San Juan en 2012
Durante la sesión del 3 de mayo de 2012 en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría: 208 votos afirmativos, 32 negativos y 5 abstenciones. Entre quienes votaron a favor estuvieron seis legisladores por San Juan:
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Mauricio Ibarra, por entonces del frente Unión por San Juan.
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Daniel Tomas (fallecido), Rubén Uñac y José “Pepe” Villa, alineados con el kirchnerismo.
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Graciela Caselles, del Partido Bloquista, fuerza aliada al Frente para la Victoria.
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Margarita Ferrá de Bartol (fallecida), reconocida figura del ámbito educativo sanjuanino.
Todos ellos apoyaron la ley 26.741, que declaró de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y autorizó la expropiación de las acciones de Repsol. En aquel entonces, la medida fue celebrada como un acto de soberanía energética. Sin embargo, la falta de compensación a otras partes involucradas derivó en la millonaria demanda que hoy enfrenta el país.
La causa, que comenzó en 2015 en Estados Unidos, se agravó en 2023 con un fallo desfavorable. Y ahora, con la orden de transferencia efectiva de acciones, Argentina se enfrenta a una situación crítica, en medio de una economía frágil y un contexto internacional adverso.
El tiempo corre y la sentencia avanza, mientras en San Juan —como en el resto del país— se reflota el debate sobre los costos y consecuencias de una decisión política tomada hace más de una década.
Op: Juan Llarena
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