El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de pilas y baterías
El Gobierno modificó la ley que regula pilas y baterías para aceptar certificaciones extranjeras. Menos trabas para importar, pero crecen las dudas sobre el control ambiental y la seguridad de los productos.
Cambios clave en la ley: doble autoridad de aplicación y fin del monopolio del INTI
El nuevo decreto modifica los artículos 4°, 6° y 7° de la ley, y deroga el artículo 8°, que establecía al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como el único organismo habilitado para emitir certificados técnicos.
Alineación con la Ley Bases y la agenda desregulatoria
La reforma se enmarca en el espíritu de la Ley Bases N° 27.742, recientemente aprobada, y en sintonía con el Decreto 70/2023, que eliminó las facultades del Estado para imponer restricciones al comercio exterior. Es parte del proceso de desburocratización del aparato estatal y del desmonte de organismos técnicos que el oficialismo considera innecesarios o excesivamente intervencionistas.
Según el texto del decreto, “la duplicación de certificaciones encarece el proceso de importación en perjuicio tanto de las empresas como de los consumidores”.
En el mismo sentido, desde el Ejecutivo sostienen que esta flexibilización permitirá que el país no quede aislado tecnológicamente y que se acelere la entrada de productos de última generación al mercado.
Menos controles, más riesgos: ¿cómo garantizar la seguridad y el cuidado ambiental?
El nuevo esquema, sin embargo, genera interrogantes entre especialistas del sector técnico y ambiental. Si bien se reconoce la necesidad de eliminar burocracia innecesaria, existen dudas sobre la capacidad real del Estado para controlar los productos importados, especialmente en un segmento delicado como el de las pilas y baterías, que pueden contener materiales tóxicos y suponen riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente.
En este sentido, la clave será definir con precisión qué organismos internacionales serán considerados válidos para emitir certificaciones, y qué mecanismos tendrá el Estado para realizar controles post-ingreso o detectar productos no conformes.
También preocupa la posibilidad de que ingresen productos de baja calidad o con certificados dudosos, en un contexto donde el Gobierno ha reducido al mínimo las funciones de control y evaluación técnica de entes como el INTI o el SENASA.
Impacto en los consumidores y en la industria local
Para los consumidores, la medida podría traducirse en precios más bajos y mayor disponibilidad de productos, especialmente en segmentos de alta rotación como las pilas AA, AAA o baterías recargables. Pero también existe el riesgo de menor durabilidad, fallas técnicas o productos que no cumplan con estándares adecuados si no hay una buena fiscalización estatal.
En cuanto a la industria local, la medida podría implicar una mayor competencia por parte de productos importados, más baratos y con procesos de certificación más ágiles. Esto podría debilitar a los fabricantes nacionales, a menos que se apliquen políticas complementarias de desarrollo industrial y mejora tecnológica.
La modificación a la Ley 26.184 refleja el rumbo desregulador del Gobierno, con el foco puesto en reducir costos, agilizar importaciones y achicar el Estado. Sin embargo, este tipo de medidas exigen una fiscalización eficiente y transparente, para evitar que la apertura comercial derive en una pérdida de calidad, seguridad o control ambiental.
Como suele suceder con los cambios regulatorios rápidos, el éxito dependerá de la implementación concreta y de la capacidad del Estado para garantizar que los beneficios en términos de competitividad no se traduzcan en riesgos para la salud, el ambiente o la industria nacional.
Fuente: Ámbito
Rivero. C
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