San Juan busca cobrar los costos de los operativos por amenazas de bomba falsas

La proliferación de falsas amenazas de bomba en San Juan encendió las alarmas del Gobierno provincial. Por eso, la Secretaría de Seguridad, a cargo del Dr. Enrique Delgado, anunció una estrategia integral para frenar esta práctica que moviliza recursos del Estado y genera preocupación en la sociedad.

“Como todos saben, hemos tenido varios hechos de denuncias antibombas falsas”, reconoció Delgado. Cada llamado de este tipo activa un protocolo de seguridad inmediato, con participación de la Policía, bomberos, Defensa Civil y equipos técnicos. El funcionario explicó que hoy es posible rastrear con rapidez el origen de la llamada gracias a herramientas tecnológicas como el sistema D-8 y el SISEM. Esa información es luego remitida al Ministerio Público Fiscal, que investiga los casos.

Recuperar lo que cuesta

El punto más novedoso del plan es la intención de cuantificar y recuperar los costos generados por cada operativo. “Desde la Secretaría de Seguridad estamos evaluando cómo tabular el costo de cada intervención”, explicó Delgado. Con esos datos en mano, se buscará avanzar por la vía administrativa o judicial para que el responsable afronte las consecuencias económicas del daño causado.

“Queremos que en la misma sentencia condenatoria se incluya el monto del operativo como sanción, para que quien produce el hecho se haga cargo”, afirmó.

Concientización en las escuelas

Delgado reveló que la mayoría de los autores de estos llamados son menores de edad, en su mayoría escolarizados. Por eso, el gobierno pondrá en marcha una campaña educativa en escuelas primarias y secundarias, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Policía de San Juan.

El objetivo será crear conciencia sobre el daño que genera este tipo de bromas, además de construir un vínculo de confianza entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad. “Queremos que los chicos vean a la Policía como alguien en quien confiar y comprendan la importancia de cuidar los recursos del sistema de seguridad”, destacó el secretario.

¿Hace falta una nueva ley?

Por el momento, desde el Ejecutivo consideran que las herramientas legales actuales permiten exigir el resarcimiento económico por los daños. Sin embargo, Delgado no descartó avanzar con una legislación provincial específica si fuera necesario. “Si vemos que hace falta una ley, la impulsaremos”, dijo. Y aclaró que las penas económicas directas a las familias deben enmarcarse en el derecho penal federal, que es competencia del Congreso de la Nación.

La iniciativa oficial apunta a frenar una práctica que no solo genera pánico social, sino que desperdicia millones de pesos en recursos públicos, mientras se sigue trabajando para que el sistema de seguridad provincial no se vea alterado por este tipo de delitos menores, pero de alto impacto operativo.

Op: Juan Llarena