Tras las amenazas falsas, Educación intervendrá en las escuelas para generar conciencia
La provincia activará acciones pedagógicas y buscará la reparación económica por los gastos que generan los operativos. “No es una broma, es un delito”, advirtieron desde Seguridad.
Las amenazas de bomba que se registraron en las últimas semanas en distintas escuelas y organismos públicos de San Juan encendieron las alarmas del gobierno provincial. Para frenar esta peligrosa tendencia, el Ministerio de Educación comenzó a desplegar estrategias preventivas dentro de las instituciones educativas, enfocadas en la concientización de los estudiantes y el trabajo conjunto con las familias.
“Cuando aparece en la escuela, toda situación de conflicto es una oportunidad para educar”, expresó Luis Lucero, director de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio. El funcionario explicó que el abordaje se realizará desde lo pedagógico, activando el Acuerdo Escolar de Convivencia, que regula la vida institucional en cada establecimiento. Además, se reforzarán los espacios curriculares como Formación Ética, Formación Ciudadana y Tutoría para abrir el debate sobre las consecuencias sociales y legales de estas acciones.
“La idea es que los chicos reflexionen sobre qué pasaría si hicieran esto como adultos. Que entiendan que las fuerzas de seguridad están para cuidarnos y que se moviliza un operativo real, costoso y complejo cada vez que ocurre una amenaza”, señaló Lucero. En este sentido, pidió un rol activo de las familias: “Necesitamos que en casa también se hable del tema y se construya conciencia”.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad advirtió que cada operativo movilizado por una amenaza falsa tiene un costo superior a los tres millones de pesos, considerando personal, móviles, tecnología y logística. “No es una broma. Es un delito. Y tiene consecuencias”, aseguró el secretario Enrique Delgado.
El funcionario informó que la provincia ya trabaja en un mecanismo para recuperar esos gastos, ya sea por vía penal o administrativa. Si el autor es menor de edad, la responsabilidad recaerá en los padres. “Queremos que ese costo no lo asuma el Estado sino quien generó el daño”, sentenció.
Durante la última semana, se registraron al menos cuatro amenazas falsas, que activaron protocolos en el Hospital Rawson, el Centro Cívico y escuelas de Capital, Rawson e Iglesia. En algunos casos, ya se identificó a los autores. En el episodio del Hospital Rawson, una bioquímica declaró que su celular fue hackeado. En Iglesia, una madre reconoció la voz de su hijo de 13 años como autor de una de las llamadas.
La campaña impulsada por Educación y Seguridad apunta a sensibilizar a la comunidad educativa sobre el impacto real de estas acciones. “Queremos que los chicos comprendan que esto no es una simple travesura. Que sepan que hay consecuencias y que el daño afecta a todos”, concluyó Delgado.
Op: Juan Llarena
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