Audiencia por fraude en Rawson: deciden si el caso va a juicio
Después de haber sido postergada por una falla en la notificación a la querella, este jueves 5 de junio finalmente se llevó a cabo la audiencia de control de acusación en la causa que investiga un presunto fraude en el área de Rentas de la Municipalidad de Rawson.
Las imputadas son Marina Isabel Mengual Calderón y Evangelina Soledad Cabeza Amarfil, dos cajeras acusadas de haber desviado fondos públicos por más de $660.000.
El proceso había quedado en suspenso el pasado 27 de mayo, cuando la audiencia fue cancelada por un error insólito: la notificación al abogado querellante, Maximiliano Andino, no llegó correctamente por WhatsApp. Esa situación provocó la ausencia de la parte acusadora y obligó a reprogramar el acto judicial.
Con la falla subsanada, la audiencia se realizó este jueves ante el juez de Garantías Matías Parrón, quien en los próximos días deberá decidir si el caso será elevado a juicio oral. En la sala estuvieron presentes los abogados defensores, representantes gremiales, el fiscal Francisco Nicolía (UFI de Delitos Especiales) y la querella, a cargo de la gestión municipal actual.
Según la investigación, ambas trabajadoras habrían emitido comprobantes sellados sin ingresar el dinero correspondiente al sistema municipal, simulando pagos válidos de los contribuyentes. Las maniobras ocurrieron durante 2022 y fueron detectadas mediante una auditoría interna.
El desglose de los hechos revela que Mengual Calderón habría concretado seis operaciones fraudulentas por un total de $52.507, mientras que Cabeza Amarfil realizó al menos 37 maniobras irregulares por más de $613.000. Lo llamativo es que, pese a estar formalmente imputada, Mengual Calderón aún continúa cumpliendo funciones como cajera en el municipio.
Ambas enfrentan cargos por peculado e incumplimiento de deberes de funcionaria pública. De acuerdo con los peritajes, el perjuicio económico podría ser mayor, aunque trascendió que ambas devolvieron alrededor de $800.000 tras el inicio del sumario administrativo.
Por su parte, la defensa encabezada por Horacio Rodríguez del Cid planteó que el proceso tiene un trasfondo político: “Este juicio fue impulsado por la gestión de Rubén García para disciplinar a los trabajadores durante un conflicto salarial”, denunció el abogado, quien estuvo acompañado por el secretario general del SUOEM, Antonino D’Amico.
Ahora, la decisión queda en manos del juez Parrón, quien deberá definir si las pruebas son suficientes para llevar el caso a juicio. Mientras tanto, el expediente continúa generando repercusiones en el ámbito judicial, gremial y político del departamento Rawson.
POR LIC. EUGENIA VILA
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