Condenan a 9 años a un gitano por trata sexual y laboral de una joven discapacitada
El caso surgió tras un casamiento pactado mediante dote. La víctima fue obligada a tener sexo, trabajar y entregar el dinero. El acusado deberá hacer un curso sobre violencia de género.
Un miembro de la comunidad gitana fue condenado ayer en San Juan a 9 años de prisión por trata de personas con fines sexuales y laborales, tras haberse aprovechado de la discapacidad mental y la vulnerabilidad de una joven de 25 años. La víctima fue obligada a tener sexo, trabajar en la casa, vender en la calle y entregar todo el dinero a su captor. El juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Federal local, también ordenó una reparación económica de 4 millones de pesos y que el condenado realice un curso sobre violencia de género.
El acusado, Roberto Espiro Mitar (26), fue hallado culpable de someter a la víctima entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, tras una unión pactada mediante la entrega de una dote de 50.000 pesos. Según la sentencia, la joven fue “comprada” por su padre y enviada a vivir con Mitar, quien la retuvo contra su voluntad, ejerció violencia física y psicológica, le retuvo el DNI e incluso intentó interferir en su salud reproductiva para que tuviera más hijos.
La víctima logró escapar y denunciar el caso el 12 de marzo de 2023. Desde entonces, teme salir a la calle y necesita tratamiento psicológico, señalaron desde la Fiscalía. La acusación fue llevada adelante por el fiscal federal Fernando Alcaraz y su auxiliar Virginia Rodríguez, quienes habían pedido 11 años de pena y la declaración del caso como un nuevo ejemplo de violencia de género. El juez hizo lugar a casi todos los planteos.
Por el contrario, la defensora de Mitar, María Filomena Noriega, pidió la absolución alegando falta de pruebas. Cuestionó el diagnóstico de discapacidad y describió a la joven como una persona “drogadicta, bipolar y violenta”, incluso ironizando que “tal vez se levantó con el viento Zonda y lo denunció, y después con el Sur se arrepintió”, en alusión a una retractación notarial hecha en San Luis.
Esa retractación está bajo sospecha. La escribana que tomó el testimonio dijo haber recibido el documento ya redactado por correo, presuntamente enviado por el anterior defensor de Mitar, Oscar Adárvez, quien ya fue indagado por encubrimiento. La hipótesis es que la familia del acusado presionó a la víctima para que cambiara su versión.
La joven habría sido víctima de otros pactos de “dote” en Río Cuarto y Paraná, desde donde fue trasladada a San Juan. De confirmarse la sentencia, este será el segundo caso en la provincia en el que un casamiento gitano sirve como pantalla para delitos de trata.
La defensa anticipó que apelará el fallo. Mientras tanto, el caso volvió a encender el debate sobre las prácticas tradicionales, la trata encubierta y los vacíos de protección para personas en extrema vulnerabilidad.
Op: Juan Llarena
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