Buscan prohibir que deudores de cuota alimentaria accedan a cargos públicos en San Juan

Un proyecto de ley que podría marcar un fuerte precedente en materia de responsabilidad pública será presentado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa, impulsada por el legislador Leopoldo Soler, busca impedir que personas con deudas por cuota alimentaria o con condenas por delitos vinculados a la violencia de género puedan ocupar cargos en el Estado, ya sea como funcionarios, empleados o proveedores.

“El objetivo es garantizar una mayor coherencia institucional. No puede ser que alguien que no cumple con la manutención de sus hijos o ha sido condenado por violencia esté representando al Estado o beneficiándose económicamente de él”, señaló Soler en diálogo con Radio Sarmiento.

El texto contempla una amplia aplicación: abarcaría tanto cargos electivos como designaciones en los poderes Ejecutivo y Judicial, y alcanzaría también a contratistas y proveedores que tengan vínculos contractuales con el Estado provincial. La inhabilitación regirá mientras persista la situación que la motiva, ya sea una deuda alimentaria registrada oficialmente o una condena firme que no haya sido cumplida.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo de control doble. Por un lado, se exigirá a los organismos públicos verificar antecedentes judiciales y registros de deudores antes de realizar designaciones o adjudicaciones. Por otro, se establecerá una articulación con la Justicia para obtener información actualizada sobre fallos condenatorios o incumplimientos legales.

Soler explicó que la propuesta no surge únicamente de estadísticas, sino también de una experiencia personal que lo motivó a llevar la discusión al plano legislativo. “Esta es una respuesta a una problemática persistente, que afecta no solo a los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también a la credibilidad de nuestras instituciones”, expresó.

De avanzar en la Cámara, el proyecto colocaría a San Juan entre las primeras provincias del país en aplicar restricciones de este tipo a quienes aspiran a ocupar cargos públicos o a contratar con el Estado, como parte de un enfoque más riguroso frente al incumplimiento de deberes familiares y a la violencia de género.