Sesión en el Senado: caso $LIBRA, embajadores y Bahía Blanca

Durante el debate, se aprobó por unanimidad (64 votos, ante las ausencias) el proyecto que declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante 180 días a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal de marzo. El proyecto, de autoría de la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, difiere del aprobado en Diputados en marzo -de Victoria Tolosa Paz, del mismo partido-. Por lo tanto, ahora la iniciativa tiene que volver a votarse en la Cámara baja.

Además, al inicio de la sesión, Unión por la Patria intentó tratar sobre tablas la interpelación a dos funcionarios del Poder Ejecutivo, para que respondan respuestas en torno al caso $LIBRA: Karina Milei y Luis Caputo. “Los que quieren votar Ficha Limpia son los mismos que no quieren hablar del caso $LIBRA”, justificó el jefe del bloque, José Mayans, en la previa a la sesión. La propuesta no se concretó: se requería del acompañamiento de dos tercios del recinto pero en ambos casos reunió 35 votos a favor y 34 en contra.

En un acto protocolar, los senadores apoyaron de manera unánime, con 55 votos a favor, los pliegos del Poder Ejecutivo para designar a Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores argentinos ante Estados Unidos y España, respectivamente.

Juliana Di Tullio, impulsora de la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Mariano Fuchila

Senado debatió Ficha Limpia

Entre las voces de la UCR se escuchó al catamarqueño Flavio Fama quien analizó que la “clase política tiene que recuperar la credibilidad” y por eso “Ficha Limpia no tiene que ser un botín de guerra”: “Debe ser un gesto de madurez política frente a la sociedad que permanentemente nos rechaza y nos desconoce”. “Evitar que participen de las elecciones aquellos que han sido condenados es un gran paso para caminar hacia una Argentina decente y honesta”, concluyó.

Luego, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza) “es un reclamo legítimo, urgente y sostenido de la sociedad” que “durante años chocó contra obstáculos de la política, falta de interés y maniobras para tratar de frenarla”. “La figura del doble conforme resuelve el dilema que hay entre la presunción de la inocencia y proteger el interés público. Es un equilibrio justo y constitucional. Esta no es una ley que busca proscribir a alguien”. planteó.

Dentro del PRO, la porteña Guadalupe Tagliaferri remarcó que “este proyecto es el resultado de la lucha de miles de argentinos que creen que la política debe ser ejemplo de compromiso, y no la excepción. Este proyecto va a mejorar la calidad de nuestra representación política, porque en definitiva es un mensaje claro que podemos dar: no da lo mismo ser corrupto que no serlo“. “Ficha Limpia representa un límite ético, porque el límite moral no los impidió a cometer actos de corrupción”, añadió.

Como parte del peronismo, la jujeña Carolina Moisés calificó a la ley como “una gran estafa para la sociedad argentina: los delincuentes que manejan el poder real jamás tendrán una sentencia, mientras se esconden detrás de un eslogan o de un juez. Con este proyecto le estamos dando aún más discrecionalidad a los jueces para actúen dentro del sistema político a su voluntad”. A su vez apuntó que “este proyecto multiplica la judicialización de la política y la corrupción en un sistema que está enfermo. El filtro moral se atraviesa a través de pueblo y voto”.

Luis Juez acompañó el proyecto de reforma electoral.

Mariano Fuchila

Ficha Limpia: qué dice el proyecto

El proyecto de Ficha Limpia contempla que no puedan ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción como cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.

El proyecto prevé que se aplique únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25° del Código Electoral Nacional. Según el mismo, los padrones provisorios deben presentarse 180 días antes de la elección general. “La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente“, plantea el proyecto.

La propuesta también excluye a la posibilidad de ser funcionarios del Ejecutivo: “No podrán ser designadas como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático […], ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos”.

Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau, aliados y acompañantes del proyecto.

Mariano Fuchila

Actualmente, la Ley 23.298 – de Partidos Políticos – ya limita a quienes pueden ser candidatos a cargos electivos. En detalle, el listado está compuesto por “los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.

El criterio para excluir personas del padrón electoral está fijado en el Código Nacional Electoral, que excluye a los “condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad” mientras dure la condena. Por otro lado, también se prohíbe ser candidatos al personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.