Una vez que se logró el quórum, se conocieron cuatro dictámenes. El de mayoría es el impulsado por Casa Rosada, que reduce la edad de imputabilidad de 14 años y propone instancias de penalidad previa para los jóvenes en conflicto con la ley, como procesos de justicia restaurativa, trabajo comunitario y, en última instancia, la privación de la libertad (con penas correspondientes a más de 10 años de prisión). Tuvo 77 firmas, establece la pena máxima hasta de 15 años, se implementaría en 180 días.
Baja de edad de imputabilidad en Diputados
En representación del oficialismo, tomó la palabra la santacruceña Roxana Reyes (UCR) destacó la perspectiva «resocializadora, educativa y de contención» que los aliados del Gobierno introdujeron a la redacción libertaria, a la que incorporaron la figura de supervisor. «Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal», dijo y recordó que la pena máxima será de hasta 15 años y que se implementaría en 180 días.
La bonaerense Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) insistió en que apoyarán el dictamen oficialista con disidencias dado que «hoy un chico de 14 o 15 años, comete un delito y el Estado no puede hacer nada. Vuelven a una casa donde no hay nadie». Ante ello, la ley pretendería «darle contención a ese menor que no tiene respuesta de Estado ausente, que en estos 40 años de democracia no supieron dar respuestas educativas ni de salud». «Exigimos que ningún fiscal ni ningún juez pueda aplicar ninguna medida privativa de la libertad hasta tanto estén los lugares adecuados», expresó.
También participó el santafesino Germán Martínez (Unión por la Patria), quien reconoció que en el Congreso «hay una dinámica que hay que revisar»: «Recibimos una cantidad de aportes mayoritariamente con miradas críticas hacia el proyecto del Ejecutivo, nos están faltando instancias de ese procesamiento», sostuvo y se preguntó si «¿hay disposición para poder incorporar en nuestras miradas los aportes de los invitados?».
A su vez pidió mayor tiempo de discusión del proyecto dado que «los debates tienen que ser sin los carancheos de determinadas situaciones de conmoción, sin cálculos electoralistas que desvirtúan el debate y escuchando a todos». «¿Cómo hacemos para garantizar los recursos para que Nación, Provincia y Municipios y los distintos dispositivos judiciales para que nosotros podamos hacer efectivamente y concreta esta ley en el caso de aprobarse?«, cerró.
Previamente tomó la palabra el bonaerense Christian Castillo (FIT): «Esta es una bomba de humo que no resuelve lo que se propone resolver». «La evidencia en los países se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos», recordó y consideró que «es evidente que se quiere transformar a los niños y adolescentes en chivos expiatorios».
El formoseño Fernando Carbajal (del radicalismo de Democracia para Siempre) remarcó que «se han incorporado muchas de las observaciones que hemos formulado, al extremo que este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el que mandó el Poder Ejecutivo. No recepta los ejes políticos e ideológicos del Gobierno». Asimismo, detalló que a un adolescente encontrado culpable en penas de 0 a 3 años no se le puede aplicar penas de prisión efectiva; de 3 a 10 años, el juez debe evaluar la posibilidad de combinar la pena efectiva con cualquiera de las otras instancias; y «solamente se podrá imponer pena efectiva de delitos de más de 10 años, que estamos hablando evidentemente por hechos extremadamente graves».
Luego de él, la bonaerense Mónica Macha (Unión por la Patria) calificó la propuesta de «populista»: «Esta medida pone en riesgo a las adolescencias de barrios populares. Lo que se quiere es disciplinar y castigar. El Gobierno nacional desfinancia las políticas de niñez, educación y salud; difícilmente podamos pensar que las trayectorias de las adolescencias puedan tener mejores proyectos dignos». «Cuando ingresan en dinámicas delictivas sumamente complejas, los que les ofrecemos es cárcel», agregó.
También intervino la bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), quien no brindó detalles de su dictamen y pidió «escuchar a los operadores judiciales de las provincias. Si tiene un problema el dictamen de mayoría, es precisamente la dificultad de su aprobación en las provincias, porque muchas ya tienen un sistema penal juvenil». «Difícilmente haya plata para institutos para jóvenes. Pocas posibilidades tenemos de que esto vaya en la garantía del resultado que se pretende», subrayó y manifestó: «Ningún límite de edad va a resolver estas problemáticas».
Fuente: ÁMBITO
Por: G. Herrera
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