Un adolescente de 17 años fue denunciado judicialmente por abuso sexual luego de quitarse el preservativo mientras tenía una relación consentida con otra adolescente de su misma edad, una práctica conocida como stealthing que, en algunos países está tipificada como un delito en sí mismo. La chica relató además que fue sometida a prácticas sexuales que no habían acordado y que luego vivió situaciones de hostigamiento de parte de él en el ámbito escolar. Ambos eran compañeros de curso del quinto año en la Escuela Normal N° 2 de La Plata. La denuncia llegó al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y a partir de la intervención de una ONG que trabaja con el paradigma de la justicia restaurativa, el caso tuvo un desenlace poco frecuente e inesperado.

El hecho denunciado ocurrió a fines de 2021. Además del stealthing, “cuando estábamos en espacios públicos me manoseaba el pecho y la cola –en contra de mi voluntad– habiéndole dicho que no me gustaba, con la excusa de que ‘se le caía la mano cuando me abrazaba’”, contó la joven en su denuncia.

Cuando se reiniciaron las clases en marzo de 2022, la adolescente decidió “escracharlo” en redes sociales dando cuenta de lo que le había hecho. Desde el Centro de Estudiantes del Normal 2 organizaron en aquel momento una sentada con la consigna “No es No”.

“También él difundió con mis compañeros situaciones de nuestra intimidad, me perseguía en la escuela para hablar y yo le decía que no quería hablar más con él”, contó a Página 12 la joven, cuyo nombre prefiere resguardar. Ahora está por cumplir 21 años y es estudiante universitaria.

Por recomendación de sus padres, en marzo 2022, la alumna hizo la denuncia en la Justicia por abuso sexual, con el acompañamiento legal de la abogada del Niño, Fabiana Rogliano, designada por el Colegio de Abogados de La Plata. En la presentación judicial pidieron una orden de restricción de acercamiento. “Lo que yo quería es que dejara de hostigar y que nunca más volviera a hacer lo que me hizo a mí”, contó a este diario la joven.

La denuncia por abuso sexual quedó a cargo de una de las UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, de La Plata, dado que el ofensor era menor de edad. El Juzgado de Garantías del Joven N° 3 le dictó una prohibición de acercamiento de 100 metros dentro de la escuela y le dio a la alumna un botón antipánico. A partir de esa medida, el adolescente se cambió de colegio, pero finalmente terminó abandonando la secundaria.

“Hablé con la denunciante y sus padres y les expliqué lo que significa transitar un proceso penal. Iban a tener que peregrinar en la Justicia. Además, la prueba era endeble para los estándares que exige la justicia penal en casos de abuso. Si llegábamos a una condena seguramente sería baja, de 3 meses a un año, y en suspenso. Entonces, empecé a pensar en otras alternativas”, contó a este diario la abogada Rogliano. Fue así como, previa consulta con la denunciante, sugirió a la fiscalía la intervención de la Fundación Acción Restaurativa Argentina (FARA), que trabaja en procesos judiciales juveniles mediante el paradigma restaurativo, con casos de bullying, otras situaciones de abuso sexual, y de violencia entre adolescentes.

“La base de nuestro trabajo es que el ofensor asuma su propia responsabilidad y reconozca el daño que causó. A partir de ahí creamos un encuadre restaurativo para que no vuelva a cometer el mismo hecho”, contó a este diario Silvina Paz, cofundadora de FARA –junto con su hermana Silvana– y prosecretaria de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte bonaerense. Ambas fundaron, también, el Centro de Justicia Restaurativa (Cejur) del Inecip. Según contó Silvina Paz, el adolescente denunciado vivía en un hogar monomarental, a cargo de la madre, una empleada de casas particulares. Como en tantos otros casos, el padre se había borrado de su crianza.

FARA tomó intervención en el caso en julio de 2023. Trabajaron con el ofensor hasta marzo de 2024. Los primeros tres meses, el joven concurría a la sede de la institución, una casona de City Bell, todos los miércoles alrededor de una una hora. Luego, los encuentros fueron cada 15 días, explicó Paz. El abordaje fue interdisciplinario: intervinieron psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, explicó. “En ningún caso, los programas de justicia restaurativa tienen nada que ver con la impunidad, porque los chicos lo primero que hacen es asumir su propia responsabilidad. Y se busca también que la denunciante tenga la certeza de que él no va a volver a hacer estos hechos con otras personas. Trabajamos con la verdad histórica y la verdad real”, contó Paz.

–¿A qué se refiere?

–La verdad histórica es la que genera el proceso judicial, es aquella que se puede probar; y la verdad real es lo que realmente sucedió. Esa es la fortaleza de los procesos restaurativos, porque hablamos sobre lo que realmente sucedió. Acá no hay una estrategia judicial en el medio, porque lo que buscamos es a partir de la particularidad de la historia del joven, que él pueda entender la situación, que no fue algo menor, que fue muy grave, que impactó a una persona. No fue un descuido, fue un acto de abuso de confianza, que si bien no está tipificado en sí mismo como delito el sacarse el preservativo sin consentimiento, sí ingresa en lo que se considera un abuso. Entonces empezamos a trabajar con un equipo interdisciplinario el hecho grave como oportunidad de cambio, y esto es súper importante porque la justicia común trabaja con la vergüenza estigmatizante, y nosotros desde la justicia restaurativa trabajamos con la vergüenza revinculante, reintegrante, que a partir del reconocer que hice algo mal, vuelvo con todo el empoderamiento, el conocimiento, a saber que hay una ley vigente, y esta ley que tiene que ver no solamente con lo jurídico, sino también con lo moral y el reconocimiento de la dignidad de otra persona, hace que esto no pueda volver a suceder.

Desarmar las narrativas justificatorias

Uno de los ejes, contó Paz, fue trabajar en las narrativas de él, para desarmar las justificaciones o la minimización de sus acciones.

–¿Qué decía él? –le preguntó Página 12.

–Que no había sido así como decía ella, que no era tan importante el hecho, que no se había dado cuenta de que ella le había dicho que la relación era con preservativo. En realidad eran todas diferentes frases respecto a cómo justificar que no había sido grave. Es ahí donde el posicionamiento del equipo de justicia restaurativa se presenta como la ley; esa ley que muchos de los chicos no tienen porque carecen de una adhesión a las normas, ni tienen en sus propias familias alguien que haga de ley en términos de límites, de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces a partir de generar preguntas abiertas, reflexivas, plataformas de nuevas narrativas, él comenzó a tener un cambio, una modificación en su posicionamiento hasta que él mismo verbalizó que ella le había dicho que no, y él lo había hecho igual.

–¿Y cómo terminó el proceso?

–Estos son los puntos de anclaje donde nosotros vemos que ese es el lugar del cambio, donde después de un tiempo pudo darse cuenta y verbalizar que esto había sido de determinada manera. Trabajamos el consentimiento, el decir no, el derecho al cuidado, la confianza, el abuso de confianza. Al mismo tiempo, empezamos a ver que él empezó a tomar otras responsabilidades, a buscar un trabajo, a estudiar algunos oficios para poder tener una salida laboral, y luego comenzó a tener una nueva relación con otra chica. Y ahí nosotros empezamos a analizar ese estilo relacional y encontramos algunas cuestiones que venían siendo como un parámetro de conducta repetida: la cuestión de los celos, del control, entonces empezamos a pensar cómo podíamos ayudarlo desde la deconstrucción de esas masculinidades hegemónicas, para que tuviera un rol de liderazgo respecto al cambio. Pero nos encontramos con que los servicios que trabajaban este tema en La Plata no aceptan a chicos que hayan tenido denuncias de delitos de abuso sexual, o judicializados. Entonces, el propio equipo se hizo cargo de esta capacitación. Una vez que terminamos todo este proceso en el que trabajamos por la responsabilidad, el cuidado de la salud, la educación, el tema vincular de la pareja, la importancia de la comunicación, el escuchar el otro, el consentimiento, dijimos “bueno, estamos en condiciones de empezar a trabajar con la víctima”.

En esa instancia, se volvieron a conectar con la abogada del Niño para ver si la denunciante quería escuchar sobre el proceso que estaba atravesando su excompañero. La joven aceptó. Y fue a FARA, una vez acompañada por sus padres y otra, sola.

“A esa altura, él había empezado a trabajar un ofrecimiento de disculpas y una explicación para con ella”, contó Paz. En noviembre de 2024, la joven recibió una carta con un extenso pedido de disculpas de parte de él: ese fue el final del proceso. “Quedé bastante conforme. Creo que hubo un aprendizaje. La carta se notaba genuina. Me pide disculpas, me dice que no había sido su intención lastimarme y que no lo va a volver a hacer”, contó ella a Página 12.

–¿Lo volviste a ver? —le preguntó este diario.

–Me lo crucé en un boliche pero se fue para otro lado, sin molestarme.

La causa penal se cerró con un informe de la Fundación. “Si hubiéramos seguido el tránsito penal, tal vez lo hubieran absuelto y hubiese quedado la idea de que era una falsa denuncia. Y él con la sensación de que no había hecho nada malo. Con este proceso, al trabajar desde otro lugar, sin una impronta punitiva, se pudo encontrar otra solución, contemplativa del daño generado”, concluyó Rogiano, para destacar los mecanismos alternativos que tiene la justicia penal juvenil para la resolución de un hecho grave –que en el momento de la denuncia tuvo trascendencia en algunos medios– pero cuyo desenlace se desconocía hasta ahora.