El Parlamento israelí adoptó el jueves una ley que refuerza la influencia del poder político en el nombramiento de los jueces, reactivando un divisivo proyecto de reforma judicial que desencadenó un importante movimiento de protesta. La enmienda que modifica la composición de la comisión de nombramiento de jueces fue aprobada por 67 votos (de 120) a favor y uno en contra. La oposición, que decidió boicotear la votación, presentó inmediatamente un recurso contra el texto ante el Tribunal Supremo.

¿Cuáles son los cambios?

Hasta ahora el Comité de Selección Judicial, responsable del nombramiento de jueces, se componía por nueve miembros de los que cinco eran jueces o abogados y cuatro políticos. Tras la reforma, seis serán representantes políticos y solo habrá tres jueces, tras eliminar a los representantes del Colegio de Abogados de Israel.

Con esta reforma, que solo entrará en vigor en la próxima Knéset, los nueve miembros serán: el presidente del Supremo y otros dos jueces, el ministro de Justicia (que encabezará el comité) y otro adicional designado por el gobierno, además de dos miembros de la Knéset y dos letrados (dos seleccionados por la coalición y dos por la oposición).

Además no se requerirá una mayoría de siete votos para nombrar a un juez del Tribunal Supremo, sino que será suficiente una mayoría simple de cinco votos, incluyendo al menos un representante de la coalición y uno de la oposición. «Esto significa que los jueces ya no podrán vetar los nombramientos y que todo juez designado estará obligado a respetar tanto a la coalición como a la oposición», denunció la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI).

«Jueces al servicio del poder político»

El líder de la oposición, Yair Lapid, denunció que la ley aprobada el jueves tiene como «único objetivo garantizar que los jueces estén al servicio» del poder político. En una declaración conjunta del exministro Benny Gantz, el también opositor y exministro Avigdor Lieberman y el presidente del partido Los Demócratas, Yair Golan, prometieron derogar esta enmienda en el próximo gobierno para evitar que «los jueces queden sujetos a la voluntad de los políticos», según el comunicado compartido en X.

«Esto ocurre mientras 59 personas secuestradas siguen detenidas en Gaza. En lugar de concentrar todos los esfuerzos en su regreso y sanar las divisiones en la nación, este gobierno está volviendo a la misma legislación que dividió al pueblo antes de las elecciones de octubre«, agregaron en el escrito. El miércoles por la noche miles de israelíes protestaron en las calles de Jerusalén contra esta reforma, y durante la votación los partidos de la oposición abandonaron el pleno en protesta.

Varias organizaciones presentaron ya tres peticiones ante el Tribunal Supremo argumentando que la medida terminará con la independencia judicial, «un componente esencial de la democracia israelí», según información recogida por el diario online The Times of Israel. Las solicitudes fueron presentadas por el Movimiento por la Calidad del Gobierno de Israel, la Asociación de Derechos Civiles de Israel y el partido laicista Yesh Atid, quienes consideran que se trata de una reforma «inconstitucional», contraria a las «leyes básicas» que rigen el país.

Esta enmienda de ley «constituye un golpe crítico a la independencia judicial que pone en peligro las instituciones democráticas israelíes», dijo en un comunicado la ACRI, luego de la votación. En caso de sobrevivir a todas las peticiones, la medida recién entrará en vigor en la próxima Knéset, es decir, después de las próximas elecciones generales de Israel, que actualmente están programadas para octubre de 2026.

Netanyahu avanza con su proyecto

 

 

 

La votación parlamentaria demuestra la determinación del gobierno de Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia de Israel, de seguir adelante con su proyecto de reforma de la justicia, que provocó en 2023 uno de las mayores protestas populares del Estado hebreo. El ejecutivo suspendió el proyecto poco después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.

Este asunto vuelve al primer plano en un momento en el que el gobierno mantiene un tira y afloje con el Tribunal Supremo tras anunciar la destitución de Ronen Bar, jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior y seguridad), e iniciar un procedimiento de destitución contra Gali Baharav-Miara, fiscal general del país. La propia Baharav-Miara había mostrado a principios de mes su oposición a la reforma judicial al considerar que «proyecta una fuerte sombra política sobre el sistema judicial y socava su profesionalismo, independencia y capacidad para exigir responsabilidades al gobierno».

El ministro de Justicia, Yariv Levin, desestimó las críticas a la legislación, argumentando que era necesaria porque el Tribunal Superior de Justicia «había abolido efectivamente la Knéset». «Se ha asumido la autoridad de anular leyes, se ha asumido la autoridad de anular leyes básicas, algo inimaginable en cualquier democracia del mundo», advirtió Levin, quien agregó: «Nuestra Corte Suprema no se contentó con pisotear a la Knéset; también se colocó por encima del gobierno».

En un discurso beligerante en el pleno de la Knéset el miércoles antes del debate sobre el proyecto de ley del Comité de Selección Judicial, Netanyahu respondió a sus críticos, insistiendo en que «Israel ha sido y seguirá siendo una democracia». El verdadero peligro, afirmó el primer ministro, es «un Estado profundo no electo que trabaja contra el gobierno electo».