Investigan al Jefe del Penal por Presuntos Tratos Comerciales Ilegales con un Reo VIP

El alcaide mayor del Servicio Penitenciario Provincial, Gustavo Aballay, enfrenta días difíciles, ya que desde ayer está siendo formalmente investigado por presuntos tratos ilegales con un recluso VIP.

La denuncia fue presentada por José Armando Aranda (56), un empresario condenado en varias ocasiones, quien acusó a Aballay de no devolverle un automóvil Fiat Stilo que le había prestado y de no abonar el saldo de una compraventa pactada. Además, Aranda lo acusa de amenazarlo y mandarlo a golpear dentro del penal para que desistiera de sus reclamos.

Aballay, quien está en disponibilidad desde abril de 2024, se enfrenta a serias acusaciones. Aranda, propietario de una flota de camiones y exproveedor del Estado, tiene un largo historial delictivo que incluye dos condenas por abuso sexual y una por comercio de drogas.

El fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio (de la UFI de Delitos Especiales) imputaron a Aballay por incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas coactivas. Aunque los delitos son excarcelables y no se solicitó la prisión preventiva, se pidió una investigación de un año con medidas coercitivas, entre ellas, la prohibición de salir de la provincia sin autorización y la orden de no acercarse ni contactar al denunciante ni a su familia, ni a los testigos del caso, que incluyen a al menos un compañero de trabajo del acusado.

La Fiscalía considera que está probado que Aballay usó el automóvil de Aranda. Varios testigos confirmaron haber visto al jefe penitenciario conduciendo el Fiat Stilo, y en un allanamiento realizado en su domicilio, se encontró documentación relacionada con el vehículo que nunca apareció. Además, la ley que regula el accionar de los penitenciarios prohíbe que estos obtengan bienes de los reclusos, ya sea prestados o por compra.

Sin embargo, probar las amenazas y que Aballay ordenó la agresión a Aranda es una tarea más compleja, aunque las investigaciones continúan. La denuncia ha puesto en jaque la credibilidad de uno de los cargos más altos dentro del Servicio Penitenciario provincial.

 

 

OP: Juan Llarena

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