En 2024, las provincias argentinas acompañaron el ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, a pesar de las críticas del Ejecutivo de Javier Milei. La mejora en los resultados fiscales se atribuyó principalmente a la reducción del gasto de capital y a la licuación de salarios y jubilaciones. No obstante, consultoras y especialistas alertaron que este superávit no será sostenible si no se invierte en infraestructura clave, como rutas y puentes, esenciales para el desarrollo regional.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que, en los primeros nueve meses de 2024, el gasto público provincial experimentó una caída interanual real mayor a la de los ingresos (-21,8% vs -15,6%), lo que resultó en un superávit primario de $6.080.000 millones. Este superávit representó un incremento del 185% respecto al mismo período de 2023, descontando el impacto de la inflación.
Según el IARAF, cerca de la mitad del ajuste se explicó por reducciones en los gastos de personal (salarios) y en las prestaciones a la seguridad social (principalmente jubilaciones). A su vez, el gasto de capital representó casi un tercio adicional del ajuste. En cuanto a la ejecución de obras, el gasto de capital fue el más afectado, con caídas superiores al 80% en provincias como Santa Cruz, Tucumán y San Juan. La consultora Empiria destacó que, a excepción de La Pampa, todas las provincias recortaron su gasto de capital en mayor medida que los gastos corrientes.
La consultora Empiria sostuvo que la respuesta de los gobernadores ante la caída de ingresos, atribuida principalmente al descenso de las transferencias de Nación y a la merma de recursos tributarios nacionales, fue de «pura cepa ortodoxa libertaria». La estrategia de ajuste se centró en una drástica contracción del gasto.
Sin embargo, los especialistas advirtieron sobre los desafíos que enfrentarán tanto las provincias como el gobierno nacional en el mediano plazo. En primer lugar, subrayaron la necesidad de «hacer espacio para el gasto de capital», dado que el equilibrio fiscal sin inversión en infraestructura no puede ser permanente. De hecho, el gasto en obras públicas es el más bajo desde 2003.
Además, insistieron en la importancia de reducir la presión tributaria, pero con un enfoque en modificar la estructura impositiva. Propusieron gravar menos la producción y las transacciones, y aumentar los impuestos sobre los ingresos y el consumo, como el Impuesto a las Ganancias, en lugar de reducir el IVA o las retenciones. También destacaron la necesidad de un «pacto fiscal» con las provincias que favorezca la descentralización de recursos y una reforma en la estructura impositiva subnacional.
Superávit Fiscal, Provincia por Provincia
A nivel provincial, varias jurisdicciones lograron revertir el déficit fiscal de 2023 y pasaron a tener superávit en 2024. Entre ellas se destacan Tucumán, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chaco y Catamarca. Otras provincias, como Córdoba, Neuquén, Mendoza y Santa Fe, incrementaron el superávit obtenido en el año anterior.
Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y La Rioja experimentaron una reducción de su superávit primario en términos reales respecto a 2023.
En términos del Producto Bruto Interno (PBI), el superávit de las provincias más CABA pasó del 0,3% al 1,1% del PBI, una mejora significativa, aunque aún insuficiente para resolver los desafíos estructurales a largo plazo.
El Ajuste a Nivel Nacional
A nivel nacional, el ajuste fiscal también se sintió con fuerza. Según la consultora Audemus, la política de recorte del gasto público, conocida como «la motosierra», tuvo mayor impacto que la «licuadora», término que hace referencia a la caída del gasto público por la inflación. El ajuste en el gasto de capital, que implicó un deterioro en la infraestructura, explicó el 22% del ajuste. Por su parte, la reducción en programas sociales y transferencias a las provincias sumó otro 23%, mientras que la licuación en jubilaciones y salarios representó el 25%.
Este ajuste ha permitido al gobierno nacional alcanzar sus metas fiscales a corto plazo, pero la falta de inversión en infraestructura y los recortes en sectores clave generan incertidumbre sobre la sostenibilidad de este superávit en el futuro.
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