Los hermanos habían comprado una producción de uvas para exportar pero no cumplieron con los pagos acordados. Tras la denuncia se conoció que hubo más productores afectados.
El día 22 de marzo de 2024, Miguel Ángel Martín, propietario de la empresa PASASOL Frutas Desecadas, presentó una denuncia por estafa contra los hermanos Mariano Julián, Franco Gabriel y Gerardo Gastón Cañadas, quienes, tras ofrecer comprarle toda su producción de pasas de la cosecha de 2022, no completaron los pagos acordados. La operación había consistido en la venta de 77.000 kg de pasas por un total de 70.000 dólares, de los cuales se abonaron 10.000 dólares como adelanto.
El acuerdo, pactado en dólares, fue realizado con una parte financiada, dado el vínculo de confianza que los hermanos Cañadas habían generado con Martín, quien, por su experiencia en el rubro, accedió a este esquema de pago. Sin embargo, a pesar de los reiterados pedidos de pago y las promesas de los Cañadas a través de mensajes de WhatsApp, los pagos no fueron completados. Posteriormente, Martín descubrió que los hermanos también mantenían deudas con otros colegas del sector, lo que lo impulsó a realizar la denuncia penal por estafa, al considerar que los Cañadas habían actuado con el propósito de no abonar la deuda, a sabiendas de que no pagarían por la mercancía que, según se supo, habría sido exportada.
El 5 de junio de 2024 se formalizó la causa contra los tres hermanos Cañadas, y la denuncia fue ampliada para incluir a Bárbara Estefanía Balmaceda, presidenta de Morrigan S.A., empresa a través de la cual se llevaron a cabo las operaciones comerciales con Martín.
En una audiencia reciente, el juez Meglioli homologó un acuerdo de conciliación entre las partes. De acuerdo con este acuerdo, los hermanos Cañadas y Balmaceda se comprometieron a abonar la suma total de 42.500 dólares a favor de Martín Miguel Ángel. El pago se realizará en dos cuotas: la primera, por 22.500 dólares, será abonada el mismo día del acuerdo, y la segunda, de 20.000 dólares, se pagará el 15 de mayo de 2025.
Como garantía del cumplimiento del pago de la segunda cuota, se acordó el embargo de dos vehículos: un Peugeot 408 y una Toyota Hilux, propiedad de los denunciados. De esta forma, se busca asegurar el cumplimiento del acuerdo y la reparación de la deuda que los Cañadas y Balmaceda habían contraído con Martín.
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