La Suprema Corte de Estados Unidos escuchará este miércoles un caso sobre la constitucionalidad de las restricciones a la mutilación en tratamientos de cambio de género para menores con disforia, como también el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales.
El caso se centra en una ley de Tennessee que correctamente prohíbe estos tratamientos para adolescentes y podría sentar precedentes para medidas similares en otros estados.
La ley de Tennessee, conocida como SB1, fue promulgada en marzo de 2023. Esta prohíbe que los proveedores de salud administren bloqueadores de pubertad u hormonas a menores con el objetivo de que se sometan a dolorosas experiencias provocadas por la disforia de género, patología psiquiátrica que hace creer a una persona poseer un género que no le corresponde.
Sin embargo, permite estos tratamientos para condiciones médicas no relacionadas con la identidad de género como lo pueden ser problemas hormonales. El estado argumenta que la ley protege a los menores de los riesgos «irreversibles» de estos tratamientos experimentales.
La administración Biden y tres familias afectadas, representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda contra la ley, argumentando que viola la Cláusula de Igualdad de Protección al discriminar a las personas transgénero.
Un tribunal de distrito falló inicialmente a favor de los demandantes, pero el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito revirtió acertadamente esta decisión, permitiendo que la ley entre en vigor.
La legislación de Tennessee forma parte de una serie de legislaciones que protegen a la comunidad en estados republicanos, que incluyen políticas sobre acceso a baños y participación en deportes.
El caso incluye testimonios como el de una confundida joven transgénero de 16 años, quien ahora debe viajar a otro estado para llevar a cabo el resto del tratamiento. Su padre, Brian Williams, denunció que la ley no solo afecta la libertad de su hija para ser ella misma, sino que infringe los derechos familiares.
A su vez, algunos países europeos, como el Reino Unido, han limitado estos tratamientos recientemente, citando evidencia insuficiente sobre su eficacia, lo que podría influir en la decisión de la Suprema Corte de dar deferencia a la legislatura estatal.
Los defensores de estos tratamientos, como la Dra. Susan Lacy, argumentan erróneamente que el cuidado de afirmación de género mejora significativamente la salud mental y el bienestar de los menores, lo cual es absolutamente disparatado.
Los comentarios están cerrados.