Javier Milei, durante su discurso en Casa Rosada

Mariano Fuchila

En este sentido, según pudo saber Ámbito en exclusiva, por indicación del primer mandatario, los equipos técnicos están trabajando en “profundas reformas” que abarcan las áreas impositiva, previsional, laboral y penal, entre otras.

Reforma impositiva

En materia tributaria, el Poder Ejecutivo aspira a reducir a cinco o seis la cantidad de impuestos. La intención es tener avanzado el proyecto para que el jefe de Estado lo presente al Congreso en el discurso de la apertura de sesiones ordinarias 2025, el 1 de marzo, según adelantan en la Casa Rosada.

El objetivo inicial es simplificar el sistema impositivo. Desde el oficialismo advierten que se descarta una rebaja inicial significativa de la carga tributaria, toda vez que la prioridad es mantener el equilibrio en las cuentas del Tesoro.

En la actualidad existen 155 diferentes tipos de tributos a lo largo del país, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Sin embargo, se advierte una alta concentración de los ingresos ya que 6 impuestos representan el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina (IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Personales, Débitos y Créditos bancarios y Derechos de exportación).

El Gobierno nacional también considera que cada provincia debe definir su política tributaria. De hecho, distintas gobernaciones han venido aumentando los impuestos, pero la administración Milei entiende que el mercado se encargará de castigar esta decisión trasladando las actividades a aquellos lugares que cobren menos tributos.

Jubilaciones, con reforma previsional en carpeta

Otra de las reformas importantes que está elaborando el Gobierno, también para el año que viene, consiste en cambiar el régimen previsional contemplando, entre otros aspectos, la eliminación de los regímenes especiales.

La evaluación oficial es que, si se suprimieran todos los regímenes de privilegio se podría triplicar la jubilación mínima. Si se aplicase dicha eliminación de los regímenes de privilegio, la jubilación mínima que hoy se ubica en $259.600, se iría a 778.800.

Distintos trabajadores como los de la construcción, docentes, investigadores, del Poder Judicial y del Servicio exterior, entre otros, cuentan con regímenes especiales que les permiten jubilarse con requisitos de edad y años de servicio de aportes menores.

Según los últimos datos de la ANSES (junio 2024), se pagan unas 250.000 prestaciones correspondientes a regímenes especiales, sobre un total de algo más de 7 millones.

Es decir, representan 3,4% del total de los beneficios contributivos, pero implican 10,9% de las erogaciones del total de beneficios contributivos ya que tienen haberes considerablemente mayores al promedio del régimen general. A mediados de este año el haber medio de los regímenes especiales fue $1.037.000 contra $298.000 del régimen general.

La intención de las autoridades nacionales es continuar con el sistema de reparto, pero incentivar en paralelo el desarrollo de seguros privados de retiro.

Desde ya que para que el sistema tenga sustentabilidad en el tiempo se necesita que aumente la cantidad de trabajadores en blanco. Se estima que en la actualidad la proporción de aportantes es de apenas 1,5 por cada jubilado, muy por debajo de los 3 trabajadores por pasivo que se necesitan para asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Por esta razón, la reforma previsional se presentará junto con una reforma laboral. La intención es que esta iniciativa contemple la adopción de medidas orientadas a incentivar la formalización laboral. Cabe recordar que el trabajo informal se estima representa casi un 30% de la fuerza laboral.

Puertas adentro, en el oficialismo se comenta que el Gobierno nacional debió moderar sus aspiraciones de reformas en materia gremial para no acentuar el enfrentamiento con los sindicatos.

Así, quedaron en el camino iniciativas como las referidas al carácter optativo de las contribuciones o la democratización de los gremios. Pero se evalúa que tras lo que esperan sea un triunfo contundente en las elecciones de medio término, podrá contar con la suficiente fortaleza política como para profundizar las reformas en este campo.

Junto con el mandato de recuperar la economía, la seguridad es una cuestión central para la administración. Por esta razón se estudian cambios en las leyes orientados a endurecer las penas por delitos, contemplando particularmente los casos de reincidencia.

En el Gobierno consideran que además de cubrir las vacantes en los juzgados, los juicios orales serán clave para acelerar los tiempos de la Justicia.