La oposición nicaragüense recibió con estupor el paquete de reformas constitucionales que ordenó esta semana Daniel Ortega y que, a su criterio, trastocan el modelo de Estado que establece la Carta Magna actual.

Las reformas fueron aprobadas el viernes pasado de forma unánime por 91 diputados de la Asamblea Nacional, sin discusión, y en un trámite exprés.

El opositor Juan Sebastián Chamorro califica como “despótica” la nueva Constitución que empezaría a regir la vida de los nicaragüenses a partir de enero del próximo año, después de ratificadas en una segunda legislatura por el Parlamento.

“La nueva Constitución elimina la forma de gobierno como la conocemos formalmente”, dice Chamorro. “Los poderes del Estado pasan a ser órganos bajo la coordinación de una dictadura bicéfala, se eliminan una serie de derechos constitucionales y se declaran traidores a la patria a nivel constitucional, a cualquier persona que piense lo contrario”.

Además, “se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instaura a los paramilitares a nivel constitucional bajo la supuesta figura de Policía Voluntaria”, explica.

Uno de los señalamientos más frecuentes de los analistas constitucionales es que la enmienda consolida un estado totalitario en Nicaragua y está hecha a la medida de las ambiciones de Rosario Murillo, la esposa del dictador nicaragüense.

Rosario Murillo reaccionó molesta el miércoles ante las críticas que ha recibido la propuesta de enmienda. “Se escandalizan que digamos que estas tierras son nuestras, que somos dueños de nuestro país y que en nuestro país manda el pueblo”, expresó en su tradicional alocución radial de los mediodías.

Estas son algunas de las excentricidades que trae este paquete de reformas ordenado por Daniel Ortega y que, con seguridad, será aprobado sin mayores discusiones por un Parlamento totalmente subordinado a la voluntad del dictador nicaragüense.

Se trata de una reforma total (nueva Constitución) disfrazada de “reforma parcial”. A pesar de que el paquete fue presentado como “Iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua” los analistas consideran que se trata de una nueva Constitución al cambiar un centenar de artículos y trastocar el modelo de Estado que rige hasta hoy en Nicaragua.

La enmienda deroga 38 artículos de la Constitución vigente hasta hoy, y reforma o sustituye a otros 143 artículos de los 198 que tendría la Carta Magna.

Según la legislación nicaragüense, una nueva Constitución solo se puede hacer mediante la elección de una asamblea con ese mandato expreso de los votantes: una Asamblea Constituyente. En cambio, una reforma parcial solo necesita la aprobación del Parlamento, en dos legislaturas, con el 60 por ciento de los votos de los 92 diputados en cada una.

“Se está refundando de nuevo la nación a través de lo que mal llamaron ´reforma´ constitucional, ya que cambian totalmente el espíritu jurídico y político de nuestra supra norma y la forma en como estaba estructurado y ´funcionando´ el Estado, tal como lo conocemos”, expresa el abogado nicaragüense Yader Morazán, quien define este paquete como “autogolpe de Estado”.

“La importancia de analizarlo desde el enfoque de un autogolpe de Estado que hacen a través de una “reforma total”, radica en lo necesario que se hace convocar a una Asamblea Constituyente según el mismo cuerpo legal, porque no se están haciendo modificaciones puntuales, sino reemplazando completamente los principios, derechos, deberes y garantías de los ciudadanos frente al Estado y la forma en cómo este va a funcionar”, agrega.

La reforma incorpora la novedosa figura de “copresidentes”, compuesta por un hombre y una mujer. Esta modificación está hecha a la medida de las ambiciones de Rosario Murillo quien aspira llegar a la Presidencia de la República, pero ha enfrentado un valladar: la propia decisión de Daniel Ortega de no verse en otra posición que no sea como jefe de Estado de Nicaragua.

El nuevo artículo 133 establecería: “La Presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultandos electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”.

“Daniel (Ortega) se comprometió con Rosario Murillo que ella iba a ser la presidente en las elecciones de 2026″, reveló a Infobae una persona que trabajó cerca a los Ortega y Murillo. “Hasta hace unos días me preguntaba cómo va a hacer Daniel para cumplirle a la Rosario sin dejar él la presidencia. Bueno, la copresidencia fue el mecanismo que halló”.

La reforma constitucional incluye a la bandera roja y negra del Frente Sandinista, el partido de Ortega, como nuevo “símbolo patrio” de Nicaragua.

El artículo 13 diría así según la reforma propuesta: “Los símbolos patrios son: el Himno Nacional, las banderas de lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, las banderas azul y blanco y la rojinegra, y el escudo nacional”.

Desde que Ortega regresó al poder en 2007, ha usado la bandera de su partido en todos los eventos oficiales. Ahora la oficializó en la Constitución.

El texto enviado por Ortega evoca con nombres y apellidos a unos 40 personajes en el preámbulo constitucional, y entre los nuevos “héroes” menciona a Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez Frías, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Simón Bolívar, entre otros.

La separación de poderes queda oficialmente abolida con el artículo 132, que establece: “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.

Daniel Ortega integra a la “Policía Voluntaria” a la Constitución. La oposición ha denunciado que se trata de darle fuerza constitucional al ejército paramilitar que se creó en 2018 para reprimir a la población que protestaba, y principal responsable de los al menos 355 asesinatos que registró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2018 y 2019.

En un primer momento, Ortega se desmarcó de estos civiles armados y los atribuyó a “grupos organizados y financiados por traficantes de drogas y los Estados Unidos”. Luego dijo que eran policías voluntarios. En una entrevista un medio noruego en febrero de 2019, Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, reconoció que la mayoría de los paramilitares eran “policías profesionales” en “operaciones ocultas”, y que el resto, dijo, eran “policías voluntarios”.

La oposición ha denunciado que la principal intención de estas reformas constitucionales es garantizar la sucesión en el poder de la familia Ortega Murillo.

El binomio presidencial queda hecho a la medida del matrimonio Ortega Murillo. Y prevé el mecanismo de sucesión en caso de muerte. En el artículo 135 se contempla: “Por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el período por el que fueron electos”.

La nueva norma facultaría a los copresidentes a designar a los vicepresidentes, sin establecer un número, lo que abriría la puerta a que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se conviertan en vicepresidentes, principalmente Laureano Ortega Murillo, quien se perfila como el delfín de Daniel Ortega en la dictadura.

Para la exguerrillera Dora María Téllez estas reformas le indican que los Ortega Murillo “se perciben con una debilidad” y ven una amenaza en el futuro. “Me da la impresión de que toda esa ensalada tiene que ver, principalmente, con la necesidad de los Ortega Murillo de resolver la sucesión dinástica de Daniel Ortega”, dijo en una charla de redes sociales con el periodista y expreso político Miguel Mendoza.

Ortega incorpora en la Constitución la apatridia como un mecanismo de represión contra quienes se le oponen. El artículo 17 de la reforma propuesta dice: “Los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”. La gran mayoría de presos políticos han sido acusados de “traición a la patria” y, aún con las garantías constitucionales que existen hasta hoy, casi 400 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por razones políticas.

Existen diversas convenciones internacionales destinadas a prevenir y combatir la apatridia, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 15: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. También señala que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad.

La nueva norma constitucional recoge la hostilidad con que el régimen nicaragüense trata a las iglesias, particularmente a la iglesia católica. El articulo 14 establece que, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”. Este último punto parece estar dirigido a cortar el control de el Vaticano sobre lo que queda de la iglesia católica en Nicaragua.

Desde 2018 el régimen de Ortega mantiene una ofensiva contra la iglesia católica que, según el registro que lleva la investigadora Martha Patricia Molina, acumula 870 ataques hasta julio de 2024 y ha expulsado del país a 141 sacerdotes, cuatro obispos, 99 monjas y un nuncio (embajador de el Vaticano).

“Las reformas proponen una ruptura definitiva entre el Papa, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Nicaragüense. Con esas reformas se puede crear una iglesia paralela que no esté en comunión con el Papa”, apunta Molina.

Igualmente, Ortega lleva a rango constitucional su lucha contra la circulación de información libre. El artículo 68 de la reforma propuesta dice: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos del pueblo. La ley regulará esta materia”. Desde 2018 a la fecha, el régimen ha pulverizado el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua y apresado, desterrado o exiliado a más de 300 periodistas.

Los cargos contra periodistas son generalmente “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”, y el sistema judicial toma como “noticia falsa” toda aquella información que incomode al régimen.

Uno de los varios periodistas apresados es Víctor Ticay. Fue detenido el 6 de abril de 2023 y condenado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas y “traición a la patria” luego de dar cobertura a una procesión religiosa tradicional de Semana Santa.

El opositor Juan Sebastián Chamorro dice que estas reformas formalizan los abusos que ya estaban ocurriendo de hecho, pero pide que no se “normalicen”. “Tenemos que convertirla precisamente en nuestra forma y símbolo de lucha está. La constitución despótica tiene y deberá ser eliminada en los anales de nuestra historia con la lucha cívica pacífica y no violenta”, señala.