Mario Sanz, expresidente de la cooperadora del Centro de Educación Física N°20 (CEF), busca obtener la probation en el marco de la investigación por el escándalo de los “alquileres ilegales”. Este caso, que involucra el uso indebido de ingresos por el alquiler de canchas y espacios de estacionamiento, ha llevado a la imputación de Sanz y dos exdirectivos de la entidad.
La causa está actualmente en el Tribunal de Impugnación, donde se decidirá sobre el reclamo de Sanz, quien argumenta que se le debería conceder la probation. En la audiencia de control de acusación, Sanz y el exdirector del CEF, Daniel Samat, solicitaron la suspensión del juicio y propusieron el pago de $250,000 en dos cuotas como reparación simbólica, además de cumplir 25 horas de trabajo comunitario durante dos meses. La probation, de ser concedida, les permitiría evitar antecedentes penales si cumplen con las condiciones establecidas.
El otro acusado, Miguel Jofré, también expresidente del CEF, solicitó su sobreseimiento, argumentando que las acusaciones en su contra no constituyen delitos según el Código Penal. Sin embargo, la jueza Gema Guerrero rechazó ambas solicitudes. Consideró que la petición de probation de Sanz no estaba bien fundamentada y que Jofré aún tiene derecho a defenderse en juicio.
Tras la negativa de la jueza, la defensa de Sanz presentó un recurso de queja por apelación denegada, argumentando que se cumplen los requisitos para acceder a la probation.
La Fiscalía ha anticipado que buscará condenas de 5 años de prisión efectiva para Sanz, Jofré y Samat, por delitos como peculado y administración infiel, cometidos entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022. Sanz es acusado de haber tenido un rol fundamental en estas maniobras ilegales, que habrían sido encubiertas bajo el falso pretexto de la falta de fondos del Ministerio de Educación.
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