El Gobierno definirá en los próximos días si permite o invalida la convocatoria a elecciones anticipadas de autoridades en la Asociación del Fútbol Argentino, que ordenó Claudio “Chiqui” Tapia para extender su mandato, un año antes de su finalización. Esto se debe a que el club Talleres de Córdoba, que está enfrentado al oficialismo, presentó el viernes pasado un pedido de suspensión ante la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que le dio vistas hoy a la AFA.

Nada de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol argentino se puede entender sin el tema que divide aguas: la resistencia liderada por Tapia a la decisión del presidente Javier Milei de impulsar el ingreso de capitales privados a los clubes, mediante la libre aceptación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Talleres es un club pionero en la apertura a inversores y que compite de igual a igual en Primera, como lo demostró la victoria del último fin de semana ante River, en el Más Monumental.

Según pudo saber Infobae, el club cordobés que preside Andrés Fassi se presentó ante la IGJ por considerar que la convocatoria realizada mediante la asamblea sorpresiva del 30 de agosto pasado, impidió en la práctica el ejercicio de los derechos políticos de la oposición a la actual conducción del fútbol para poder presentar una propuesta electoral. En esa reunión -que ahora está cuestionada y que la IGJ, que encabeza Daniel Roque Vítolo, deberá definir si es válida o no- se aprobó el llamado a elecciones el 17 de octubre y se otorgó un plazo de dos semanas para presentar listas de candidatos.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio de fuentes involucradas en la polémica, representantes letrados de Talleres se presentaron ante la IGJ para cuestionar que se hubiera adelantado un año la elección, como así también el cronograma electoral. Este mismo lunes, el organismo nacional le dio traslado a la Asociación del Fútbol Argentino para que brinde su descargo en un plazo máximo de cinco días corridos. “Una vez que estén las dos partes, se tomará una decisión, que puede ser la invalidación de la asamblea del 30 de agosto”, explicaron a este medio.

Si ocurriera esa decisión, se abriría un nuevo capítulo en la guerra abierta que hay entre el gobierno de Milei y la conducción de la entidad de la calle Viamonte por las SAD. Entre las batallas más importantes está la legal, que se libra en un juzgado de Mercedes que invalidó las SAD y próximamente en la Corte Suprema de Justicia; la relacionada al estatuto de la AFA que la Inspección General de Justicia tiene frenado por politiza a niveles nunca vistos la conducción de la entidad y vacía de funciones al Comité Ejecutivo; y la última pelea, la anulación del famoso decreto 1212, que fue reeditado en el gobierno anterior con el número 510/23, que se decidirá en los próximos días.

El presidente de Talleres -que está vinculado al Grupo Pachuca de México- es un actor clave en toda esta disputa. Está enfrentado con Tapia y tiene una relación inmejorable con Javier Milei, al punto que el pasado 13 de setiembre estuvieron reunidos en la Casa Rosada. Durante ese encuentro, según reconstruyó Infobae, Milei dijo que “tenemos que lograr que nuestra Liga este a la altura de las mejores del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania, que es en donde se forman los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América”. En esa línea se expresó Fassi, quien aclaró que “independiente de los formatos jurídicos”, lo fundamental está “en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social”.

En Casa Rosada el jefe de Estado y el empresario que logró que el club de Córdoba emergiera del Federal A a la Primera División hablaron sobre la posibilidad de tener una Liga Profesional autónoma, como así también de los ingresos por derechos de televisión nacional e internacional, la infraestructura de centros deportivos y estadios, el formato de los torneos, el fair play financiero, la profesionalización y autonomía del arbitraje, la inversión en fútbol formativo, la seguridad con el fin de volver a tener la presencia de ambas hinchadas en las canchas, el respaldo patrimonial personal de quienes gestionan los clubes y la responsabilidad social de los clubes.

La última novedad en el choque entre la Casa Rosada y la AFA afectará a la “caja” de la entidad de la calle Viamonte, que había recibido el año pasado exenciones impositivas que la gestión libertaria no está dispuesta a renovar. Fue la exhumación del decreto 1212 que Néstor Kirchner había firmado como prenda de paz en los tiempos de Julio Grondona. El decreto 510 y la resolución 5439 de la AFIP del año pasado fueron firmados en medio de la campaña electoral para conceder un régimen especial para las obligaciones y deudas vinculadas a aportes y contribuciones de la seguridad social y otros pasivos impositivos.

En el Gobierno dijeron en diálogo con este medio que se trata de “una bazuca” que está apuntada contra los “privilegios” que recibió la dirigencia del fútbol argentino, y que fueron otorgados por la gestión anterior como parte de los compromisos electorales. Es una narrativa bélica que explica cómo el gobierno de Milei tomó el rechazo de “Chiqui” Tapia a la puesta en marcha de las SAD como una declaración de guerra.

El decreto que va a ser dejado sin efecto fue publicado el 6 de octubre pasado, a días de la primera vuelta electoral que Unión por la Patria terminó ganando por escaso margen. “Establécese un régimen especial de percepción, retención y/o autorretención para el ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social”, estableció el texto. A ese decreto le siguió, el 27 de octubre siguiente, una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que reglamentó los beneficios impositivos y le puso como fecha de vigencia el 1 de noviembre del año pasado. “El régimen especial resultará aplicable para la cancelación de las cotizaciones con destino a la seguridad social que se indican seguidamente: Aportes personales, Contribuciones patronales y Obligaciones devengadas hasta octubre de 2023″.

“Son millones de pesos de privilegios impositivos que no van a continuar”, anticipó una calificada fuente del gobierno de Javier Milei que ratificó la decisión de redoblar la presión contra el mandamás del fútbol argentino. En esa lógica está también la revisión del estatuto y, ahora, el proceso mismo de re reelección de Tapia.