En un operativo conjunto, fuerzas de seguridad detuvieron a dos hombres y dos mujeres en las provincias de Córdoba y Santa Fe, acusados de financiar al grupo Hezbollah mediante transferencias de criptomonedas. La Policía Federal Argentina (PFA) confirmó las detenciones y señaló que los sospechosos estarían involucrados en una red internacional de apoyo al terrorismo.
La investigación, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y liderada por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA, comenzó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) presentado ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El documento alertaba sobre operaciones sospechosas de criptomonedas entre un ciudadano colombiano residente en Córdoba y un ciudadano sirio vinculado a Hezbollah en el Líbano.
Según las autoridades, las transferencias se realizaron a través de una billetera virtual asociada a actividades de financiamiento del terrorismo, identificada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). La PFA logró detectar 34 operaciones en criptomonedas USDT realizadas entre marzo y junio de este año, las cuales estarían indirectamente relacionadas con una billetera previamente marcada por la herramienta de monitoreo estadounidense “Chainalysis”.
El volumen total de las transacciones bajo sospecha alcanzaría los 1.800 millones de pesos en un periodo de dos años, involucrando tanto créditos como débitos.
Tras la recolección de pruebas durante varios meses, el Juzgado Federal de San Francisco, bajo la supervisión del juez Sergio Aníbal Pinto y la fiscal María Marta Schanni, ordenó siete allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en Vila, Santa Fe. Durante los operativos, además de las detenciones, se incautaron tres escopetas, una pistola, municiones, dinero en efectivo, cuadernos con anotaciones, equipos informáticos y dispositivos móviles.
Las cuatro personas detenidas y el material secuestrado quedaron a disposición de la justicia federal. En el procedimiento participaron, además, la Agencia Regional Federal Centro Córdoba y los departamentos técnicos de Cibercrimen y Armas y Explosivos de la PFA.
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