Acusados por alquileres ilegales en el CEF N° 20 buscan evitar el juicio con probation y sobreseimiento

Miguel Jofré pidió su sobreseimiento, mientras que Daniel Samat y Mario Sanz solicitaron probation. La Fiscalía busca llevarlos a juicio con una condena de prisión efectiva. La jueza Gema Guerrero tomará la decisión.

El expresidente de la Asociación Cooperadora del CEF N° 20, Mario César Sanz, y el exdirector de esa institución pública, Daniel Domingo Samat, han solicitado la suspensión del juicio por un año (probation), ofreciendo como parte de su propuesta el pago de $250.000 en dos cuotas y la realización de 25 horas de tareas comunitarias en entidades benéficas o públicas. El objetivo de sus defensores, Marisel Sanz y Gustavo González, es claro: si la jueza Gema Guerrero acepta la probation y los acusados cumplen con los requisitos, el proceso penal se extinguirá y serán sobreseídos.

Por su parte, el tercer imputado, el docente y exfuncionario José Miguel Jofré, también pidió su sobreseimiento a través de sus abogados, Marcelo Fernández y Franco Montes. Argumentaron que los delitos que se le atribuyen no se ajustan a la tipificación legal y cuestionaron la investigación llevada a cabo por el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y su asistente, César Recio, de la UFI de Delitos Especiales.

Sin embargo, tanto Micheltorena como los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, se oponen a que el caso de los alquileres ilegales en el predio del Centro de Educación Física (CEF) N° 20 concluya de esa manera. De hecho, han anticipado que buscarán en juicio una condena de 5 años de prisión efectiva para los imputados en la cárcel de Chimbas, además de la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. Los delitos imputados incluyen peculado, administración infiel y fraudulenta, con Sanz como partícipe necesario. A Jofré y Samat se les suma el cargo de abuso de autoridad, del que Sanz está exento por no haber sido funcionario.

El caso salió a la luz el 18 de marzo de 2022, cuando el entonces director del CEF, Walter Vicentela, presentó la denuncia. La investigación reveló que las instalaciones del predio, conocido como ‘La Granja’, estaban siendo alquiladas ilegalmente, a pesar de ser una institución pública de acceso gratuito.

La investigación abarcó el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022, y concluyó que no existía autorización legal para cobrar esos alquileres, los cuales fueron canalizados a través de una cooperadora que, además, no estaba en regla con su personería jurídica.

El predio incluye cinco canchas de fútbol, una cancha de césped sintético para hockey, dos de básquet, una pista de atletismo de alto rendimiento, una piscina, un gimnasio y un amplio estacionamiento. Durante el periodo investigado, se alquiló la cancha de hockey en 740 ocasiones y los fraudes documentados superaron el millón de pesos.

Este martes, la jueza de Garantías, Gema Guerrero, decidirá si los acusados son desvinculados del proceso o si deberán enfrentar un juicio oral y público en los próximos días.