El Congreso de Georgia aprobó este martes una ley que prohíbe la propaganda LGBTQI+ y limita los derechos de la comunidad, incluyendo la prohibición de uniones civiles o matrimonios entre personas del mismo sexo, adopciones por parte de parejas homosexuales, atención médica para las operaciones de cambio de sexo, muestras públicas de afecto y la promoción de contenidos pro-gay en los medios de comunicación.
Esta legislación es similar a la que está vigente en la Federación Rusa, que defiende «los valores familiares tradicionales» e impone duras sanciones que incluyen multas y penas de prisión a quienes la infrinjan.
El partido conservador Sueño Georgiano fue el impulsor de esta medida en el Congreso, logrando los 48 votos necesarios para su aprobación, a pesar del boicot de la oposición. La ley impone penas de cárcel de entre uno y cuatro años por cirugías de reasignación de sexo, además de prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.
De igual manera, se establecen multas de hasta 4 mil lari (aproximadamente 1.500 dólares) por la difusión de propaganda LGBTQI+ en instituciones educativas o medios de comunicación, y de hasta 3 mil lari (unos 1.100 dólares) por la distribución de material relacionado con el cambio de sexo o relaciones homosexuales.
Además, las demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo en espacios públicos también serán sancionadas según esta nueva normativa.
La ley de «valores familiares» aprobada este martes por el Parlamento de Georgia elimina de manera definitiva varios «derechos» de la mencionada comunidad. Los críticos afirman abiertamente que esta medida es una copia de las políticas implementadas en Rusia.
En los últimos meses, este proyecto de ley provocó una ola de protestas en las calles, ya que organizaciones de la sociedad civil y varios líderes de la oposición denuncian que no solo afecta los derechos de la comunidad LGBTQI+, sino que también «socava las libertades democráticas«. Además, alertan que podría comprometer las posibilidades de Georgia de ingresar en la Unión Europea (UE).
Por su parte, el oficialismo defiende la ley, argumentando que protege los valores tradicionales y familiares de Georgia, un país con una fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa, que promueve principios conservadores.
El líder de la mayoría parlamentaria, Mamuka Mdinaradze, justificó la medida afirmando: «En los países donde la ideología pseudoliberal es especialmente dominante, según encuestas internacionales, hasta el 20 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 25 años tienen una orientación sexual no tradicional.»
El nuevo proyecto de ley aún tiene que ser firmado como ley por la presidente de Georgia, Salomé Zourabichvili, quien fue una abierta oponente de la legislación, y por el partido del Sueño Georgiano, el partido político gobernante del país.
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