Pocito: Acoso sexual callejero será castigado con multas de hasta $1 millón

El juez Sergio Martín Escamilla, a cargo del Juzgado de Faltas y Convivencias, destacó que esta normativa es pionera en la provincia de San Juan, ya que no existe una medida similar en otros departamentos ni en el Código provincial.

El acoso sexual callejero se define en el nuevo Código de Faltas de Pocito como «agresiones físicas, verbales y/o gestuales de contenido obsceno contra quien no consiente dichas acciones». Esto incluye también los piropos persistentes que se convierten en un hostigamiento. La sanción principal para esta contravención es una multa que oscila entre $50.000 y $1 millón, dependiendo de la gravedad del caso.

Además de las multas, el Código permite aplicar sanciones alternativas, como la participación del infractor en programas con perspectiva de género organizados por la Dirección de la Mujer, siempre que se considere que la infracción es corregible. El juez Escamilla explicó que el propósito no es solo castigar, sino también educar y prevenir futuras agresiones.

Proceso de denuncia y sanción

La denuncia de acoso sexual callejero puede realizarse en el Juzgado o en una Comisaría, y debe ser acompañada del DNI de la víctima y cualquier prueba que pueda aportar. No se aceptan denuncias anónimas. Los inspectores municipales son los encargados de investigar las denuncias, y el juez determina la sanción en función de la gravedad del caso. Asimismo, el Código establece sanciones para las denuncias falsas, con el fin de evitar abusos del sistema.

Detalles del nuevo Código de Faltas de Pocito

El Código de Faltas y Convivencias de Pocito abarca cuatro áreas principales: medioambiente, salubridad, tránsito y protección y cuidado integral de la persona. Con el objetivo de fomentar un clima de convivencia pacífica basado en el respeto y la tolerancia, el municipio lanzará una campaña de difusión para que los vecinos conozcan su contenido y puedan resolver dudas sobre su aplicación.

El personal judicial se reunirá con líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones para explicar la normativa y garantizar su correcta implementación en el departamento.

 

 

OP: Juan Llarena