Diputados debaten sanciones a libertarios que visitaron a represores a la cárcel

por Lola Vargas en martes 3 de septiembre de 2024

En vistas a dilucidar si existe un plan mayor vinculada con la liberación de criminales de la última dictadura, bloques de la oposición protagonizaron un plenario de comisiones de Diputados para evaluar si configuran un proceso de sanción a seis legisladores de La Libertad Avanza.

Desde la oposición solicitaron la exposición de los diputados libertarios que participaron de la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, para que ofrezcan explicaciones acerca de su accionar y un potencial plan de mejora en las condiciones de detención de los mencionados detenidos. Asimismo, se pretende determinar las características que tendría que tener una eventual comisión investigadora.

El santafesino Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) pidió convocar a la ministra Patricia Bullrich, quien fue nombrada dentro de las conversaciones de los diputados libertarios, y al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. A partir del cambio de gestión presidencial, el Ministerio de Seguridad puso bajo su órbita a la gestión de las cárceles federales -tradicionalmente, en el Ministerio de Justicia-. Posteriormente, Bullrich removió al director penitenciario Juan Velaverde, que había estado en su cargo durante seis meses, y lo reemplazó con Martínez, quien ya había ocupado el cargo desde 1989 hasta el 2020.

Diputados oficialistas y aliados rechazaron sanciones

Además de la falta de intervención de los legisladores oficialistas presentes en el plenario, la porteña Silvana Giudici (PRO)�desarrolló una defensa hablando de «aprovechamiento político»�y enumerando casos de indisciplinas parlamentarias en el pasado que no fueron sancionadas, haciendo hincapié en representantes del peronismo: «Nadie presentó la misma intensidad para apartar diputados en su momento».

En esa línea, la tucumana Paula Omodeo (CREO, partido aliado al oficialismo) pidió «que nos atengamos al reglamento y se acabó»: «No podemos ir a fondo e investigar las pruebas porque violamos la Constitución. Mi pregunta es qué estamos buscando con esto».

La principal voz oficialista fue la expresión del cordobés Gabriel Bornoroni�(La Libertad Avanza), quien leyó que «no hay ningún plan secreto ni conspiración» y que «es aceptable, y forma parte del juego político, valorar una visita de forma negativa y repudiarla. Pero hablar de sanciones y expulsiones es otra cosa y puede dejar antecedentes muy peligrosos para esta Cámara«.

Posteriormente, el bonaerense Alejandro Finocchiaro relativizó la palabra «grave»: «Estamos en una Argentina en donde hay 1,5 millones de chicos que saltean una comida diaria y en una Argentina que tiene al 55% del nivel de pobreza».

Fuente: ÀMBITO

Por: Graciela Herrera