La CGT�quedó conforme�por su primer encuentro oficial con el secretario de Trabajo, Julio Cordero,�aunque se mantiene expectante�a la espera de resultados concretos ante sus reclamos: espera que el funcionario tenga suficiente apoyo político adentro del propio Gobierno para llegar a acuerdos en dos de los principales puntos planteados en la reunión, reforma laboral�e Impuesto a las Ganancias.

La expectativa de un nuevo encuentro con Cordero dentro de 15 días, luego de que se concrete la audiencia del ex abogado de Techint con el sector empresarial, obligará a postergar�cualquier definición sobre una nueva medida de fuerza: hasta ahora, estaba previsto que el Consejo Directivo cegetista deliberaría el jueves 25 de este mes, justo en la semana en que comenzará a funcionar la mesa técnica tripartita�que buscará consensuar el decreto reglamentario de la reforma laboral.

La delegación de la CGT que visitó a Cordero extendió sus demandas de modificar artículos del capítulo laboral de la Ley Bases. Inicialmente, parecía que iba a concentrarse sólo en dos o tres puntos que, a su juicio, consagran la “desprotección laboral” de los trabajadores. Pero en la reunión de este martes los abogados cegetistas Marta Pujadas,�de la UOCRA, y Federico West Ocampo, de Sanidad, estuvieron presentes para fundamentar�el rechazo sindical a más artículos incluidos en la norma. Ambos integrarán la mesa técnica�que consensuará la reglamentación de la reforma laboral.

“La Ley Bases tiene todavía una parte laboral que puede ser dañosa y perjudicial�si no se reglamenta bien”, advirtió a Infobae�un experto jurídico de la CGT para explicar su posición. Según esta misma fuente, la dirigencia cegetista planteará en la mesa técnica la necesidad de atenuar o corregir�los efectos de los siguientes puntos de la reforma laboral incluida en la Ley Bases:

* El artículo 97 que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo hasta otros 3 trabajadores autónomos para llevar adelante un emprendimiento productivo. Para el sindicalismo, esos trabajadores dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales; carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, y salario mínimo. Los expertos legales la CGT advirtieron que esta figura del autónomo que puede tener a su cargo a otros independientes hay que “regularla para limitar los efectos de un posible fraude laboral”.

* El artículo 94 que sustituye el artículo 242 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias por uno que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de ese tipo de medidas. “Eso no podemos dejarlo sujeto a la discrecionalidad del empleador o de los jueces una vez producido el daño”, sostuvo un abogado de la CGT, para quien este punto de la reforma laboral “deja sin protección a los militantes trabajadores ya que el delegado tiene fueros, con lo cual hay una limitación a la acción sindical”.

* El artículo 95 que incorpora como artículo 245 bis de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias el agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio, cuestionado por el gremialismo porque debilita la reinstalación de trabajadores cesanteados ya que no establece de manera taxativa su reincorporación.

* El artículo 89 que sustituye el artículo 23 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias por uno que elimina la presunción de la existencia del contrato de trabajo en casos de prestación de servicios y facturación periódica vinculada con contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficio. La CGT lo critica porque jaquea�la posibilidad de que, como se interpreta actualmente a partir de la ley vigente, se considere que existe una relación de dependencia, con todos los derechos laborales correspondientes, si un trabajador factura con periodicidad�sus servicios.

* En cuanto a la fiscalización del trabajo informal,�el cotitular de la CGT Héctor Daer�(Sanidad) propuso tras reunirse con Cordero que, a partir del cambio en el sistema de multas que prevé el capítulo laboral de la Ley Bases, “se haga un acuerdo con las provincias instando a la verificación de todo el trabajo informal que existe a lo largo y ancho de todo el país porque es una potestad que fue conferida a las provincias y hay un montón que prácticamente no tienen inspectores, inclusive en el propio Ministerio Nacional hay 5 inspectores y con eso no se puede verificar nada; para que no sea un jubileo tomar trabajadores en la informalidad lo que hay que hacer es fortalecer�ese tema”.

Hay una cuestión urticante�para la CGT que se instaló en el diálogo iniciado con Cordero: la democratización de los sindicatos�a través de elecciones supervisadas por la Justicia, con una limitación de los mandatos a 4 años�y el tope de una sola reelección posible,�que el Gobierno buscará impulsar como parte del paquete de leyes “anti-casta” anunciadas por Javier Milei y que elaborará Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El propio Cordero admitió en una entrevista con Infobae�que se insistirá con esa propuesta: “Nosotros queremos ir hacia una verdadera democratización de las elecciones sindicales, para lo cual tiene que haber procesos eleccionarios sanos, más transparentes y más genuinos”, dijo. Y agregó: “Hay algunos temas que se han debatido y que se han sacado del debate de arriba de la mesa. ¿Han salido para siempre? Bajo ningún punto de vista. Son reclamos de la sociedad”.

La CGT le hizo una advertencia�al secretario de Trabajo por este tema: “Pedimos que haya una continuidad del diálogo y que no tengamos ninguna sorpresa, atendiendo a que dentro del Gobierno hay iluminados como Federico (Sturzenegger) que puede salir con alguna nueva propuesta que genere una distorsión en lo que ha sido este primer encuentro�(con Cordero)”, señaló a Infobae�el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA).

Respecto de la restitución del Impuesto a las Ganancias, la delegación cegetista planteó a Cordero la elevación del mínimo no imponible, que fue fijado en $1.800.000 brutos para los solteros y $2.200.000 para los casados con hijos, ya que, como resaltó Daer, ese piso establecido en enero pasado quedó desactualizado�por la inflación. Los sindicalistas también plantearon la posibilidad de que queden exceptuados�del pago del gravamen las horas extras y los viáticos, entre otros adicionales. La decisión política estará en manos de Milei�y del ministro de Economía, Luis Caputo,�aunque habrá consultas de Cordero con la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, para tratar de encontrar soluciones.

Otro reclamo sindical que estará sujeto a consultas al máximo nivel oficial es el pedido de que el Gobierno retire�la apelación presentada ante la Corte Suprema contra la impugnación al DNU 70, cuyo capítulo laboral fue frenado en la Justicia luego de un recurso iniciado por la CGT. En la práctica, equivaldría a que la Casa Rosada acepte no insistir con la versión original de la reforma laboral.

Para la CGT, Cordero tiene “buenas intenciones”�y en la reunión se sintieron escuchados�por él, pero hay desconfianza hacia el sistema de decisiones del Gobierno, donde se desautorizan algunos gestos de acercamiento a sectores “hostiles” o se aparta a funcionarios más políticos como acaba de suceder con el jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Lucas Fernández Aparicio, un ex funcionario laboral del gobierno de Mauricio Macri que fue nombrado hace cerca de un mes.

Aun así, hay otras señales conciliadoras del Gobierno hacia la dirigencia sindical, incluso hacia un ex aliado que se convirtió en un feroz opositor como el jefe del Sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo. La enemistad de los libertarios hacia este gremialista pareció quedar en evidencia en mayo pasado luego de que la Secretaría de Trabajo le extendió el certificado de autoridades a Dante Camaño como titular de la Seccional Capital de su gremio: aunque lo hizo de manera provisoria,�fue un reconocimiento�de la validez de las elecciones en las que el titular de la filial porteña fue reelegido en diciembre de 2021 y que Barrionuevo no reconoce�como legítimas.

El autor de la frase “en la Argentina nadie hace la plata trabajando” reaccionó expulsando�del sindicato a Camaño, su ex cuñado, y dos de sus dirigentes más cercanos, pero habría apelado a un emisario�para llegar al Gobierno y tratar de frenar lo que interpretó como una ofensiva mileísta en contra de él.

Casualmente, o no, se acelera el gesto de mayor acercamiento del oficialismo hacia Barrionuevo: un DNU firmado por Milei que habilitará la inclusión de las propinas�que habitualmente reciben mozos y empleados gastronómicos en las facturas�a pagar en restaurantes y bares. Se trata de un viejo reclamo de Barrionuevo para aumentar los salarios�de los trabajadores del sector, ahora promovido por Sturzenegger. “Viva el DNU”, celebraron en el entorno barrionuevista, donde ya no parecen tan críticos del Gobierno como antes. ¿Le sucederá lo mismo a la CGT en las próximas semanas?

Fuente: Infobae

Rivero. C